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El Consejo General del Poder Judicial más largo de la democracia española, cercano a cumplir los siete años, pasará, sin duda, el verano. No hay ambiente en la canícula de julio para sentarse a negociar, más aún cuando el centro del debate político se ha trasladado a otros ámbitos. De un lado, los Congresos de los dos principales partidos nacionales (este fin de semana inmediato nos abrumarán las televisiones con cánticos, exaltaciones y banderas del PSOE) han protagonizado y casi monopolizado la atención. De otro lado, la famosa desaceleración económica, ante la que Zapatero se ha puesto de perfil, para ver si alguna vez escampa (tanto trueno le asusta).

De vez en cuando, algún periódico -normalmente siempre el mismo- nos informa de que lo del Consejo General del Poder Judicial no tiene nombre, e incluso nos recuerda que algún conspicuo personaje ministerial está elaborando una ley para finiquitar por las buenas éste órgano que se ha convertido en la espinita para la conquista completa del poder. E incluso el mismo periódico independiente nos empieza a soltar los primeros nombres de Vocales, todos ellos apellidados progresistas acreditados, e incluso de Presidente. Es sabido que el Presidente ha de ser elegido en la sesión constitutiva del Consejo y que no lo nomina el Parlamento, es decir, los partidos, pero no está de más ir soltando posibles adjudicatarios de la Presidencia -que, recordemos, lo es también del Tribunal Supremo- quizá para quemarlos o quizá para “asustar” al adversario y que finalmente se avenga a negociar otro candidato menos duro.

Como en el chiste de “o estamos a setas o a Rolex”, aquí podríamos decir eso de que “o estamos a politización de la justicia o a independencia judicial”.

Los dos extremos son radical y absolutamente inconciliables. Siempre triunfa -el modelo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 lo impone- el extremo más favorable a los intereses de los partidos políticos que conciben este órgano como otro más del reparto del botín.

No se nos abren muchas esperanzas para cuando toque la renovación, probablemente en septiembre, una vez hechos los cálculos matemáticos de la distribución de los asientos en la sala de Plenos de la segunda planta del Marqués de la Ensenada en la que tiene su sede el Consejo General del Poder Judicial. Ella nació para cumplir una misión institucional de garantía plena de la independencia judicial que, pura y simplemente, ha dejado de cumplir por las adherencias e intromisiones de los otros poderes del Estado.

Es cierto que en la primera comparecencia parlamentaria del Ministro Mariano Fernández Bermejo, que sirvió de rebautismo en la Comisión de Justicia de Federico Trillo, pareció vislumbrarse un nuevo espíritu, bastante antes de Navidad. Se perdió el final de la legislatura anterior en dimes y diretes, en la oposición contra la oposición, en testarudeces y en muchos “y tú más”, en amenazas de vueltas de tuerca y de pactos contra natura con tal de acogotar al adversario hasta su extinción. Ahora pueden abrirse de nuevo las puertas del pacto de Estado en materia de Justicia, aunque sea en una segunda edición. En su momento, el promovido por Acebes (parece que han pasado demasiados años pero no llegan a siete) fue un verdadero acicate para las reformas que el Poder Judicial requería, aunque quedaron muy en ciernes, e incluso algunas -como la del sistema de elección del Consejo- frustradas.

La necesidad de recuperar el consenso en Justicia no admite la menor discursión, salvo para los sectarios implacables que ansían, sin más, imponer, dictar su modelo.