A nadie se le escapa que frente a la Yihad asesina resulta imprescindible y fundamental una unidad sin fisuras de todas las fuerzas políticas. Cualquier brecha es utilizada por el terrorismo para sacarle el mayor partido. Con el fin de la unidad se creó el Pacto antiyihadista que acaba de reunirse a raíz de los terribles atentados de Barcelona y Cambrils. Se pensaba que los trágicos sucesos iban a modificar la postura de algunas formaciones que no se sumaron al Pacto en su momento, amparándose en la figura del “observador”.
Pero, parece que siguen en sus trece. Mientras que PP, PSOE, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN, PAR, Coalición Canaria y UpyD firmaron el Pacto y han vuelto a manifestar su absoluto compromiso con él, Podemos, Compromís, PNV, ERC y PDeCAT acudieron a la reunión, aunque solo como observadores, pese a la insistencia del Gobierno de que cambiaran su actitud. Por mucho que se empeñen, no es lo mismo. En este sentido, resulta lamentable que el PSOE, en boca de su portavoz, Margarita Robles, haya echado un capote a los observadores señalando que es “accesorio ser firmante u observador”. Sin embargo, no lo es, pues esa diferencia provoca, entre otras cosas, que únicamente se alcancen acuerdos de mínimos.
Pero lo que es vital, y exigen con toda razón los ciudadanos, es mucho más que eso. El yihadismo ha planteado una guerra global de enormes dimensiones ante la que debe responderse con la máxima contundencia, eficacia y unidad. Y más aún. No únicamente en ámbitos nacionales, sino a nivel mundial. Especialmente, es perentorio que Europa articule una respuesta y una legislación conjuntas, con elementos clave como, entre otros, la expulsión inmediata de radicales. Resulta incomprensible que, como acaba de saberse, el imán de Ripoll tuviera una orden de expulsión anulada después. Hay que encontrar ya la manera de que del Estado de Derecho no puedan beneficiarse en ningún aspecto quienes solo buscan sembrar muerte y destrucción y acabar con nuestro modo de vida, libre, pacífico y democrático.