Al rebufo del enloquecido desafío soberanista, en el que la Generalitat ha perdido el más mínimo asomo de ese positivo seny del que tanto hacen gala los catalanes, pueden producirse efectos colaterales, peligrosas derivas. De hecho, ya se están produciendo. En este sentido, no hay que pasar por alto la apertura del curso político que ha llevado a cabo el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en la localidad guipuzcoana de Zarautz.
Dicho acto, al que no por azar ha asistido el portavoz de la Generalitat Jordi Turull -quien esta misma semana ha declarado que para él firmar la ley del referéndum sería un “gran honor”, vanagloriándose de cometer una ilegalidad-, se ha convertido en una exaltación del supuesto “derecho a decidir” y del delirio secesionista. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha proclamado que Cataluña es “una nación” y que “creen en la legitimidad de las instituciones catalanas para convocar a su pueblo a las urnas”. Y el discurso de Ortuzar ha dado un paso más.
Al igual que Cataluña, también “Euskadi es una nación”, ha dicho Ortuzar. Y ha hecho un llamamiento a la izquierda abertzale, después de una cariñosa regañina instándole a que abandone su “síndrome de Peter Pan”, con la vista puesta en trabajar juntos para “construir país, construir nación”. Aunque disimulado según las circunstancias, el PNV nunca ha renunciado a seguir un camino que conduzca a la secesión, y ahora es obvio que se crece en esa pretensión mirándose en el espejo catalán.
El efecto contagio de todo cuanto está ocurriendo en Cataluña, con unos dirigentes envalentonados y dispuestos a consumar como sea su reto a la legalidad y a la Constitución, no puede extenderse. Un motivo más, por si hubiera pocos, para que el Gobierno pare de una vez por todas a la Generalitat, empleando todos los mecanismos legales que tiene, incluido el artículo 155 de la Constitución, con absoluta contundencia y firmeza. Cada vez queda menos tiempo, con un 1 de octubre a la vuelta de la esquina.