Faltan 25 días para el anunciado referéndum de independencia. Es previsible que las leyes de ruptura se puedan aprobar estos días. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió "inteligencia y firmeza" ante el "disparate" y la "estafa a la democracia" que pretenden cometer los independentistas al aprobar la ley del referéndum.
Por ello, el Gobierno mantiene activada a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, que preside la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante los distintos pasos jurídicos que haya que dar en el caso de tener que responder al desafío soberanista catalán. Se han escrutado todos los escenarios posibles que pueden utilizar los independentistas catalanes para sacar adelante estas normas y se aplicará en cada caso la que convenga.
Así, Rajoy tiene todo preparado en el caso de que se aprueben las leyes de ruptura, tanto si las aprueba el Parlamento catalán como si lo hacen por decreto de la Generalitat de Cataluña. Del mismo modo, no se descarta que haya una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el recurso contra las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.
Incluso, el Ejecutivo tendría preparada la actuación contra la sindicatura electoral, que es el órgano que haría las funciones de la Junta Electoral Central. Recuerdan que estos cinco miembros se arriesgan a incurrir en delito penal por desobediencia y usurpación de funciones.
En el pleno del pasado 31 de julio, el Tribunal Constitucional suspendió la reforma del Reglamento del Parlament catalán con la que el Govern pretende tramitar de forma exprés el referéndum del 1 de octubre y apercibió a los miembros de la Mesa de que aplicarla acarrearía responsabilidades, incluso penales.
El líder del PPC, Xavier García Albiol, recordó al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, que está "jugando con fuego" porque se arriesga a una inhabilitación de sus funciones que "no le vendría por sorpresa", y el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, remarcó que el artículo 155 de la Constitución, que permite promover desde la Cámara Alta la suspensión de una autonomía, no es el único instrumento que tiene el Estado para hacer cumplir la ley porque se pueden utilizar otros.
El TC se reúne el 6 y 7 de septiembre
Por otra parte, el Tribunal Constitucional se reunirá en un pleno ordinario este miércoles, desde las 10:00 horas, y el jueves coincidiendo con el pleno del Parlamento de Cataluña a la espera de saber cuándo se aprobará la Ley de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica registrada la semana pasada.
Aunque aún no está previsto que los magistrados vayan a abordar el recurso a la modificación del reglamento del Parlamento catalán, al ser un pleno ordinario la agenda siempre está sujeta a introducir nuevos puntos en el orden del día.
Todavía se desconoce si se aprobará la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalan, pero el Govern ya anunció que desoirá la resolución del Tribunal Constitucional "con todas las consecuencias" que ello acarree, en el caso de que el alto tribunal anulase la Ley de Referéndum. Se insiste en que solo "obedecerá el mandato" del Parlamento catalán.
En esta línea, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han garantizado este martes, en la inauguración del año judicial, que fiscales y jueces actuarán con firmeza en defensa de la ley ante quienes pretenden vulnerarla en el proceso soberanista catalán.
De esta forma, tanto si se sigue un camino o el otro, el Tribunal Constitucional suspenderá cautelarmente de inmediato la ley del referéndum y lo hará con efectos de la fecha de presentación del recurso, como ocurre con cualquier impugnación del Ejecutivo central sobre una norma autonómica en la que se invoque el artículo 161.2 de la Constitución, que regula esa suspensión.
Está por ver si el Gobierno pide al TC alguna medida extraordinaria contra los firmantes de la ley para asegurar el cumplimiento de su resolución, entre ellas la sanción económica o, incluso, la suspensión en sus funciones. En principio, los magistrados del Constitucional se inclinan más por mantener la línea seguida hasta ahora, es la suspensión y el apercibimiento, dejando en manos de la Fiscalía el ejercicio de posibles acciones penales.