Después de la filtración de este lunes que apuntaba a la decisión de derogar el DACA por parte del Ejecutivo estadounidense, Donald Trump ha anunciado este martes que, efectivamente, eliminará el pla migratorio implantado por Obama en 2012 y que protegía de la deportación a 800.000 jóvenes indocumentados. Eso sí, según se ha especificado, la decisión, calificada de "la más cruel" por su antecesor en la jefatura de la Casa Blanca, se hará efectiva dentro de seis meses.
Ese plazo de tiempo es que el presidente ha fijado para que el Congreso encuentre un sistema alternativo, ya que su equipo se ha limitado a cumplir una de sus promesas electorales más radicales sin edificar una solución que le permitiera tratar "con corazón una de las decisiones más delicadas", en sus palabras.
Tras argumentar la decisión con la priorización de los empleos y la seguridad de los "trabajadores ciudadanos estadounidenses", el comunicado emitido por la residencia del presidente de EE.UU. ha ampliado dicho análisis ante el potente golpe asestado a la comunidad inmigrante del país norteamericano. "Antes de preguntarnos qué es justo para los inmigrantes ilegales, debemos de preguntarnos qué es justo para las familias estadounidenses, para los estudiantes, para los contribuyentes y para los que buscan empleo", expuso Trump.
El texto, por el contrario, promete encarar "con corazón y compasión" la situación de los miles de indocumentados que se beneficiaron del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Aquellos jóvenes, conocidos como "soñadores", consiguieron frenar su deportación y, con el tiempo, integrarse alcanzando permisos de trabajo temporales o licencias de conducción. "Como he dicho antes, resolveremos el tema de DACA con corazón y compasión, pero a través del proceso democrático legal, mientras al mismo tiempo nos aseguramos de que cualquier reforma migratoria que adoptamos ofrece beneficios duraderos para todos los ciudadanos estadounidenses", sentenció.
Ese juego dialéctico que ha dado esperanzas a los 800.000 jóvenes afectados hasta este martes es uno de los elementos que más han indignado a los miles de ciudadanos que se manifiestan contra la decisión por todo el país. "Debemos tener corazón y compasión para los estadounidenses desempleados, que luchan y han sido olvidados", recalcó el magnate en un guiño a uno de sus nichos principales electorales: la clase trabajadora nacional.
La presión ejercida por los fiscales generales de nueve estados conservadores, encabezados por Texas -habían amenazado con interponer este martes una demanda contra el Gobierno si no derogaba el programa- ha surtido efecto pero no hasta el punto de imponer la entrada en vigor automática. No se activará hasta el 5 de marzo de 2018, dentro de seis meses, periodo en el que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio, debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados. Así se ha formalizado la hoja de ruta de Trump.
Entre los detractores de la decisión destaca el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Paul Ryan, que la semana pasada pidió a Trump mantener DACA. Este martes ha anunciado que buscará consenso con los líderes del Senado para aprobar una ley migratoria, un proyecto que ha fracasado en anteriores ocasiones debido a los desacuerdos entre los dos grades partidos. Y es que en estos días la actividad del Congreso se centra en el debate de un proyecto legislativo que ha conseguido el respaldo del magnate y que propone reducir a la mitad el número de inmigrantes que consiguen la residencia permanente, permiso conocido como green card (tarjeta verde).
Por último, la medida contempla que hasta que se apruebe una ley, aquellos que están inscritos en el programa DACA podrán usar sus permisos de trabajo hasta que expiren, pero si esos permisos acaban antes del 5 de marzo, entonces deben renovarlos antes del 5 de octubre, según informó el Departamento de Seguridad Nacional. Las peticiones para renovar la inscripción que hayan sido recibidas antes de hoy serán evaluadas de manera individual y podrían concederse extensiones, precisaron altos funcionarios del departamento.
Trump ha aclarado en su comunicado que los agentes fronterizos seguirán dando prioridad a la deportación de aquellos inmigrantes con antecedentes penales, por los que los "soñadores" tendrán en los próximos meses el mismo trato que habían recibido hasta ahora.
El presidente no fue el encargado de anunciar esa polémica decisión. Delegó la responsabilidad en su fiscal general, Jeff Sessions, uno de los miembros del Ejecutivo con posiciones más duras en inmigración. El dirigente se encargó de evaluar la legalidad del programa y concluyó que era "inconstitucional" porque Obama había abusado de su poder ejecutivo, unas conclusiones que transmitió este lunes a la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke. La mandataria rescindió en este día el memorándum que creó DACA el 15 de junio de 2012 y, con esa acción, el programa quedó en suspenso.