El Parlamento de Cataluña, con los votos a favor de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y en ausencia de los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, ha aprobado esta madrugada la Ley de Transitoriedad, que prevé convertir Cataluña en una república independiente, tras otro bronco y maratoniano debate parlamentario.
Tras seguir un guión similar al del miércoles, cuando el Parlament aprobó la Ley del Referéndum y la Sindicatura Electoral del 1-O tras 16 horas de pleno, este jueves JxSí y la CUP han hecho valer su mayoría para incluir en el orden del día la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, para aprobarla de forma exprés, ante las protestas de la oposición que ha intentado postergar su votación lo máximo posible.
Poco después de saberse que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido de forma cautelar la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, se ha iniciado finalmente el debate de la Ley de Transitoriedad, aprobada sobre las 0.50 horas con los 71 votos de JxSí y la CUP y 10 en contra de Catalunya Sí Que Es Pot, mientras que los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC se han ausentado del hemiciclo como hicieron con la votación de la Ley del Referéndum.
Además de JxSí y la CUP, también ha apoyado la ley el diputado no adscrito y excoseller de Justicia, Germà Gordó, pese a que ha reconocido que el texto "crea dudas jurídicas", es "mejorable desde el punto de vista técnico y jurídico" y habría sido "deseable una mayoría más importante para su aprobación".
Pese a su aprobación, la propia ley establece que sólo entrará en vigor si se celebra el referéndum convocado para el 1 de octubre y gana el 'sí' a la independencia.
En ese caso, se crearía un marco legal alternativo al español, en el que Cataluña se constituiría en "una república de derecho, democrática y social", cuya "soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña" y cuyo "jefe de Estado" sería el presidente de la Generalitat.
La ley, que redobla el desafío al Estado, se presenta como la "norma suprema del ordenamiento jurídico catalán" mientras no sea aprobada una "constitución catalana" y establece que las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Cataluña en el momento de entrada en vigor de la ley se continuarán aplicando en lo que no contravengan esta ley y el derecho catalán aprobado después.
También se prevé un proceso constituyente que constaría de tres fases sucesivas: una primera de proceso participativo, una segunda de elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente, y una tercera de ratificación de la eventual constitución mediante un referéndum.
El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la convocatoria del referéndum catalán de independencia del 1 de octubre al admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra las resoluciones adoptadas ayer por el Parlament y el Govern.
El TC, a instancias del Ejecutivo, ha decidido notificar esta decisión a todos los miembros del Govern y a más de 60 altos cargos de la Generalitat; a la Mesa del Parlament; a los 947 ayuntamientos catalanes; a los responsables de los Mossos y a los medios públicos catalanes, entre otros.
En una decisión adoptada por unanimidad, les recuerda a todos ellos la obligación de obedecer a la prohibición y se les apercibe de que, en caso de no hacerlo, se enfrentan a "eventuales responsabilidades, incluida la penal". El tribunal ha acordado la notificación personal de la resolución a esos más de mil cargos públicos y les avisa de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".
No obstante, no ha atendido a la petición del Ejecutivo de deducir testimonio (pedir la apertura de la vía penal) contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los consejeros firmantes de la convocatoria y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
En cualquier caso, la Fiscalía ha anunciado que prepara una querella contra los miembros del Ejecutivo catalán y otra contra los de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación de la ley.
Las resoluciones suspendidas son la ley del referéndum, el propio decreto de convocatoria del referéndum, la resolución de la Cámara catalana por la que se ha designado a cinco miembros de la Sindicatura Electoral, y las normas complementarias que acompañan el decreto de convocatoria.
La suspensión cautelar de esas resoluciones es automática una vez que el Tribunal Constitucional -reunido esta tarde durante hora y media- ha admitido a trámite los escritos del Gobierno.
Ahora bien, ni la admisión a trámite ni la suspensión cautelar determinan cuál será el sentido del fallo sobre el fondo de todos los asuntos, aunque el Gobierno central ha pedido la nulidad de todos ellos.
Estas decisiones se han adoptado menos de 24 horas después de la convocatoria del referéndum. Hoy mismo, el TC ha admitido a trámite un incidente de ejecución de sentencia contra la admisión a trámite de la ley del referéndum y ha rechazado de plano la recusación presentada por Forcadell contra sus miembros.
Además, el TC ha acordado iniciar la tramitación del segundo incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno, esta vez contra la admisión a trámite de la ley de transitoriedad jurídica, que esta mañana ha adoptado la Mesa del Parlament.
El Govern ha asegurado este jueves que seguirá adelante con la organización del referéndum convocado para el 1 de octubre, pese a las decisiones que adopte el Tribunal Constitucional (TC).
La decisión del pleno del TC de suspender de forma cautelar la convocatoria del referéndum al admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno no ha cogido por sorpresa al ejecutivo catalán, que ha anunciado que no detendrá los preparativos del 1-O.
"No suspenderán la democracia en Cataluña, ningún consejo de ministros, ningún tribunal, ni ningún órgano desprestigiado", ha afirmado Puigdemont en una entrevista con el canal catalán de televisión 8TV.
En paralelo, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, avisaba: "Ya puede tronar, nevar o hacer mucho viento. Nosotros haremos esto porque es nuestro contrato con los ciudadanos de Cataluña".
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cree además que la reacción de Mariano Rajoy a la aprobación de la Ley del Referéndum demuestra que España "no es un régimen democrático", ante lo que Cataluña responderá con un "tsunami democrático" con "calles llenas de gente" para celebrar el 1 de octubre, ha dicho en TV3.
Puigdemont y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, han comunicado ya por carta a los alcaldes catalanes que el Govern prevé utilizar para el referéndum los colegios electorales habituales y les da 48 horas para confirmar la disponibilidad de los locales.
Un total de 560 alcaldes de municipios catalanes, según el Govern, ya han mostrado su apoyo al referéndum firmando copias del decreto de convocatoria que rubricado ayer.
Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha preferido guardar silencio sobre si cederá locales para el 1-O, a la espera del auto del TC al respecto del referéndum y de lo que le digan los servicios jurídicos municipales.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido a Puigdemont y al resto de miembros del Govern de que "nadie tiene carné de inmunidad" y ha criticado las cartas enviadas a los ayuntamientos para la cesión de locales para el 1-O.
El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido a los ayuntamientos que "no se atienda" la petición de Puigdemont y Junqueras y que "en ningún caso se colabore de forma directa o indirecta en la preparación de un referéndum ilegal".
Por su parte, el portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha arrancado esta tarde una cerrada ovación de los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, puestos en pie al grito de "democracia", por su dura intervención contra los planes de JxSí y la CUP, que en cambio ha generado malestar entre diputados de su propio grupo, como el líder de Podem, Albano Dante Fachin.
El diputado de la CUP Benet Salellas ha afirmado, a su vez, que "las querellas de la Fiscalía General del Estado y las amenazas de los tribunales no nos dan ningún miedo ni condicionarán" la celebración del referéndum del 1 de octubre, en el que habrá "un desbordamiento democrático en las calles".