El Gobierno, con el arsenal del Estado de Derecho, está bombardeando a los independentistas en sus madrigueras. Desde el mismo miércoles, cuando el Parlamento catalán pisoteó la Constitución y se burló de la democracia, Rajoy comenzó a disparar sin tregua con las armas del Tribunal Constitucional y la Fiscalía General. De momento, Puigdemont, todo su Gobierno y Forcadell tendrán que dar cuentas a la Justicia por prevaricación, desobediencia y malversación. Y las querellas conllevan penas de cárcel, además de multas millonarias.
Los alcaldes, los funcionarios (mossos incluidos) y los empresarios están avisados de los delitos que cometerán si colaboran con los sediciosos. Los Ayuntamientos de Barcelona (de momento) de Tarragona, de Lérida y de otras grandes ciudades no cederán sus locales para el referéndum. Hasta hoy, solo un tercio de los Municipios parece dispuesto a participar. La Guardia Civil registra imprentas en busca de las papeletas. Crece la frustración de los rebeldes ante el cerco del Estado. Y están enrabietados.
Pero los independentistas ni mucho menos se dan por vencidos. Ahora se preparan para la guerra de guerrillas y, como anunció Puigdemont, “tomarán las calles”. Este mismo lunes, con motivo de la Diada, comienza el espectáculo de las esteladas como puñales, los gritos independentistas, los insultos a España, los acosos a los que no se unan a la manada y las algaradas callejeras. Las hordas de la CUP están deseando que comience la batalla, dispuestas a enfrentarse a las fuerzas de seguridad, decididas a incendiarlo todo, impacientes por desatar la violencia en nombre de la revolución.
El Gobierno se verá obligado a desplegar a policías y guardias civiles para mantener el orden, pues será difícil que puedan contar con los mossos. Y los independentistas conseguirán la foto que buscan, el cartel que necesitan para acusar al Estado de ejercer la represión contra el pueblo catalán: los pacíficos manifestantes frente a los agentes antidisturbios pertrechados con chalecos antibalas, cascos integrales y porras de cuero.El Gobierno desplegará todos los medios a su alcance para impedir el referéndum; o lo que es lo mismo, las fuerzas de seguridad se tendrán que ocupar de precintar los colegios electorales que lleguen a montarse y retirar las urnas. También entonces los agitadores independentistas se enfrentarán para impedirlo. Y la violencia se extenderá como la pólvora. El 1 de octubre la agitación invadirá toda Cataluña con consecuencias imprevisibles. Y así durante días y días.
No hay que olvidar que Puigdemont, Junqueras, Forcadell y demás delincuentes tendrán que declarar en los tribunales por las querellas de la Fiscalía. Una nueva excusa para que las hordas vuelvan a tomar las calles, incluso a intentar impedir que, llegado el caso, los dirigentes sean detenidos si persisten en su rebeldía. Ninguna acción del Estado de Derecho para castigar a los sediciosos se librará del contraataque violento de los independentistas. Cataluña se enfrenta a una larga temporada de altercados callejeros. Y el Gobierno tendrá que poner los medios legales y policiales para intentar sofocarlos.
Los independentistas pasarán de las bravuconadas en el Parlamento catalán a las barricadas callejeras, bien equipados con un arsenal de cócteles molotov y lo que haga falta para provocar unas revueltas incendiarias, proclamando ser las víctimas de una injusticia antidemocrática del Estado español. Y si ante el caos, el Gobierno se viera obligado a aplicar la ley de seguridad ciudadana o el artículo 155, las movilizaciones se multiplicarían en número e intensidad. De momento, el Ministerio del Interior ha incrementado notablemente el número de policías y guardias civiles. Mientras, como quien no quiere la cosa, el Ejército realiza maniobras en tierras gerundenses. Lo peor está por llegar.