Está claro que una cosa es ponerse la ‘estelada’ a modo de capa de Superman y pasar una agradable tarde con el puño en alto gritando por la independencia de Cataluña y otra muy distinta correr el riesgo de sanción económica e, incluso, tener consecuencias penales porque eres un cargo público y has cometido una ilegalidad.
Como se suele decir, el miedo es libre y si las consecuencias de tus actos te pueden salir “caras”, siempre habrá quien se lo piense dos veces antes de apoyar un referéndum ilegal. Las dimisiones de alcaldes independentistas así lo confirman. De momento se quedan sin trabajo, pero es que si los inhabilitan también se habrían quedado sin la posibilidad de volver a ejercer ese trabajo como cargo público durante un tiempo. No todas las economías personales pueden aguantar eso.
Habrá convencidos, sin duda, que antepongan su sentimiento y orgullo a la legalidad. Los habrá dentro de este grupo que se puedan permitir el lujo de “jugarse” su empleo y su sueldo por la causa independentista. Pero también hay muchos funcionarios que en estos momentos están con la incertidumbre y el temor a perder su puesto de trabajo o arriesgarse a una multa.
Unos tendrán claro lo que van a hacer, pero otros, efectivamente, está “en medio de la vía”, como tan gráficamente apuntó un responsable del sindicato CSIF, “ante este choque de trenes de España y Cataluña”.
Y digo yo: ¿Cómo se interpreta que el Gobierno catalán ofrezca garantías de que los funcionarios no se van a encontrar en una “situación comprometida” cuando está ordenando cometer una ilegalidad? ¿Sabe un mosso que puede negarse a cumplir la orden de un superior si es ilegal y que estaría actuando conforme a Derecho? ¿Saben los trabajadores públicos que incitar a delinquir es un delito?
No es fácil. Los funcionarios son herramientas para las dos partes. Si haces algo, en un sentido o en otro, pasarás a una de las dos listas. Si apoyas el referéndum y haces lo que ordena la Generalitat, tendrás cuentas pendientes con el Gobierno central. Y al revés, si acatas la suspensión del Tribunal Constitucional, deberás vértelas con Puigdemont.
Al final, y entendiendo todos los sentimientos que cada uno pueda tener, de lo que no hay duda es que la Constitución está por encima de todo y hay que cumplir la ley que nos permite la convivencia. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Veremos lo que hacen y cuántos lo hacen.