El Gobierno ha intervenido las cuentas de la Generalidad al asumir el pago de los servicios esenciales en Cataluña. Además, ha dado 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto. De esta forma, el Ejecutivo busca garantizar que no se desvían fondos para la organización y celebración del referéndum del 1-O.
Para ello, el Gobierno ha aprobado este viernes un mecanismo de control de pagos para Cataluña. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que, además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales, Puigdemont deberá acreditar los pagos pendientes de la Generalidad y certificar que no van destinados al referéndum secesionista.
"El Estado sustituye en los pagos a la comunidad, no completamente, pero sí en la mayoría de pagos esenciales", ha dicho Montoro quien especificó que el Gobierno pagará directamente "todos los servicios públicos fundamentales", incluidas las nóminas de los funcionarios que los presten.
Así, el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes.
Montoro ha dejado claro que esta medida de control de pagos se prolongará durante el tiempo que dure la "situación de excepcionalidad" que han provocado los dirigentes de la Generalidad con la convocatoria de un referéndum ilegal y mientras éstos "se sigan negando a cumplir la ley": "No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal".
Igualmente, el Ejecutivo pedirá a las entidades de crédito que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General, y si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. En esta línea, el Gobierno también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, ya que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.
El plazo de 48 horas al Gobierno catalán comienza a partir de la publicación en el BOE del acuerdo del Consejo de Ministros y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que se materializará a principios de la próxima semana. Montoro aclara: "Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar e intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando", ha señalado el ministro en alusión a Puigdemont.
Con este mecanismo, el Gobierno establece "la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado", ante la "incertidumbre" que está generando el proceso independentista. Ha recalcado que está "en juego" el interés general de los catalanes y el conjunto de los españoles y la defensa de la ley y la Constitución.
El Gobierno se ha visto obligado a adoptar esta medida después de que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, comunicara que la Generaldad dejaba de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo haría el mensual, con lo que no remitirá ninguna información más hasta pasado el 1 de octubre. El Tribunal Supremo ha rechazado también la petición de la Generalidad de que suspenda cautelarmente la obligación que le impuso el Gobierno central de informarle de sus gastos.
Ante esto, la Generalidad considera que esta decisión supone que el Ejecutivo "ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás", y ha anunciado una "batalla jurídica" en el Estado y en la UE contra esta medida.
El secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, entiende que la decisión adoptada por el Gobierno es "ilegal" porque no tiene "amparo legal", dado que el Gobierno central usa la ley de estabilidad presupuestaria para aplicar "por la puerta de atrás el artículo 155 de la Constitución". Este artículo es el que precisa que el Estado, tras una serie de trámites y con el aval del Senado, puede "adoptar las medidas necesarias para obligar" a una comunidad al "cumplimiento forzoso" de una serie de obligaciones, es decir, que puede intervenirla en la práctica.
Aragonès ha asegurado que el Govern no puede aún aventurar las consecuencias de este acuerdo, porque todavía no dispone de su literalidad, pero ha acusado al Ejecutivo central de "saltarse su ley para intentar parar la democracia".