"Ellos dicen que usarán nuestro dinero para pagar ellos (los gastos), pero como no tienen el control efectivo necesitan que les pasemos una por una todas las facturas. Provocarán el colapso administrativo a todo el mundo", ha asegurado el vicepresidente de la Generalidad, en declaraciones a Rac1 esta mañana. El Ejecutivo catalán trata de evitar a toda costa la aplicación de las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda, que se dispone a tomar el control financiero de las cuentas catalanas. Además, el Govern ha presentado esta mañana un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo para impedir que el Gobierno central intervenga.
El plazo de 48 horas que el Gobierno dio el viernes a la Generalidad se agota. El Ministerio de Hacienda está a punto de intervenir las cuentas de la comunidad autónoma, en una medida adoptada en Consejo de Ministros el pasado viernes para evitar el referéndum ilegal.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) aprobó el viernes nuevas medidas de control sobre las finanzas de la Generalidad para garantizar la estabilidad presupuestaria y la prestación de los servicios públicos fundamentales, y proteger el interés general, mientras impide que se destine dinero público a sufragar el referéndum, declarado ilegal.
Estas nuevas medidas suponen fortalecer el control del Estado sobre los pagos de la Generalidad, después de que el gobierno catalán haya decidido vulnerar las condiciones que la propia Comisión Delegada estableció en el pasado mes de julio con la misma finalidad. La decisión del Govern de desobedecer las condiciones del acuerdo del mes de julio ha sido comunicada esta misma semana por la interventora general de la Comunidad Autónoma y por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Hasta ahora, la Generalidad había enviado semanalmente todas las comunicaciones a las que estaba obligada pese a haber presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la CDGAE. Además, esta actitud se produce en un contexto político y jurídico de enorme gravedad, cuando las instituciones catalanas han decidido vulnerar el ordenamiento constitucional con la aprobación de las leyes del referéndum de autodeterminación y el desarrollo de los reglamentos para la convocatoria de la consulta de independencia el 1 de octubre. Toda esta situación puede perjudicar la recuperación económica en España.
Distintos organismos, entidades y agencias de calificación insisten estos días en que la crisis política provocada por el conflicto creado por la Generalidad supone un factor negativo para la recuperación económica y para la prima de riesgo, lo que introduce factores de incertidumbre que pueden desacelerar la economía y repercutir negativamente en la creación de empleo y en la reducción del déficit público. Para hacer frente a este riesgo, la obligación del Gobierno es seguir actuando, como hasta ahora, con medidas proporcionales a la situación creada, que garanticen la prestación de los servicios públicos y la estabilidad presupuestaria, y protejan el interés general. Así pues, el Consejo de Ministros ha sido informado de las medidas que posteriormente han sido aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y que entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.