Tras dos días de deliberación, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado, finalmente, que va a investigar a los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por un delito de desobediencia.
En un auto, la sala de admisión del TSJC ha resuelto que hay indicios para investigar a Lloveras y Buch, contra quienes la Fiscalía se querelló por los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación por promover entre los alcaldes el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
Finalmente, los tres jueces han resuelto este lunes que de los hechos narrados por la Fiscalía en su querella y los documentos acompañados, se desprenden indicios de, "como mínimo, un delito continuado de desobediencia".
Por el momento, la sala de admisiones ha dejado al margen de la investigación los delitos de malversación y prevaricación de que la Fiscalía acusaba también a Lloveras y Buch, sin perjuicio de que a lo largo de la investigación judicial se les puedan acabar imputando esos ilícitos penales.
En su querella, la Fiscalía acusa a Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y a Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar (Barcelona), de llevar a cabo "actos inequívocos de promoción y organización" de un referéndum "inconstitucional". Para la Fiscalía, ambos alcaldes son "perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional", de las advertencias de su deber de impedir la promoción del referéndum y de que la organización de una consulta como la del 1-O "implica necesariamente la utilización ilegal de cuantiosos recursos públicos materiales, así como la movilización de una pluralidad indeterminada de personas". De hecho, apenas minutos después de que se aprobara el decreto de convocatoria del referéndum, ambos querellados enviaron desde la cuenta de la AMI una comunicación dirigida a los alcaldes pidiendo que informaran de la disponibilidad de locales para el 1-0, adjuntando un modelo de decreto para que expresaran su apoyo al mismo.
La Fiscalía General del Estado, que dirige José Manuel Maza, ha llamado a declarar a 37 alcaldes catalanes por facilitar locales para el referéndum del próximo 1 de octubre, pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).
Según informa en su página web la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), los alcaldes han sido citados a declarar entre este martes y el próximo lunes en las fiscalías territoriales de Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona y, en el caso de los diputados del Parlament aforados, en la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña.
La citación de estos alcaldes se suma la que hoy ha recibido el alcalde de Amposta (Tarragona) y diputado en el Congreso de Democràcia i Llibertat (DIL), a quien la Fiscalía del Tribunal Supremo ha emplazado a comparecer voluntariamente la próxima semana, dada su condición de aforado de Las Cortes.
El primer alcalde citado a declarar es Miquel Sala (PDeCAT), de Oliana (Lleida), que ha sido convocado a las 10:00 horas de mañana ante la Fiscalía de La Seu d'Urgell (Lleida), tras lo que le seguirá el alcalde de Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet (PDeCAT).
Para las 12:00h del mediodía de mañana ha sido citado el alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, que por su condición de aforado prestará declaración ante la Fiscalía Superior de Cataluña, con sede en Barcelona.
Además, entre los próximos días 20 y 25 de octubre, han sido llamados a declarar otros 34 alcaldes de toda Cataluña, en las fiscalías territoriales o provinciales.
Por su condición de aforados como diputado del Parlament, declararán ante la Fiscalía Superior de Cataluña el alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet (el 20 de septiembre), y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga también por promover el 1-O desde la presidencia de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
Las citaciones de los alcaldes derivan de la instrucción que dictó la semana pasada el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se citara como investigados a los alcaldes que firmaron decretos para ceder locales para el 1-O, con la advertencia de que si no comparecen serán detenidos.