Consumiré un turno más contra el independentismo, aunque solo sea para protestar por la carencia de escrúpulos en la discusión pública de alguno de sus adalides, manipulando a su antojo los argumentos sin el menor reparo. Así he oído al Sr. Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat, (¿no era en la Sexta?), defender la secesión, presentándola como un proceso inocuo, del que no se deduciría consecuencia negativa para nadie, antes bien constituiría el origen de una nueva situación, no solo maravillosa para Cataluña, sino ideal también para España, que se beneficiaría la primera, como no puede ser menos, de la prosperidad alcanzada por Cataluña en tal estadio. Argumentos defendidos en este caso por una persona benévola y pacífica, que está dispuesta a presentar excusas si alguien se siente molesto por sus angélicos planteamientos.
No defiende por tanto la independencia una persona que utiliza argumentos xenófobos, o que denuncia el mal trato o la desconsideración de Cataluña, privándola de su legítimo derecho al autogobierno. El Sr. Junqueras no aparece esgrimiendo un supremacismo que le haga rechazar los vínculos políticos de Cataluña con el resto de España que se mantienen desde hace cinco siglos, optando por una reducción de los espacios políticos y renunciando a la solidaridad con sus compatriotas. Quien habla, antes bien, es un político que, por el contrario, cree que contribuye a la racionalización de la vida política española, y aun europea, dando paso a un nuevo sujeto cuya contribución enriquecerá la posición de todos.
Naturalmente hay que explicarle al Sr. Junqueras que la hostilidad que los gobiernos europeos han mostrado a los propósitos secesionistas de la Generalitat no resulta extraña, a la vista del entendimiento por ella de las exigencias y requerimientos del Estado de derecho, haciendo caso omiso a los límites constitucionales y a las sentencias del Tribunal Constitucional. No hay que decir que la secesión de Cataluña, como hubiera ocurrido si hubiese cuajado el disparate de la independencia de Escocia, supone una carga de profundidad contra la propia Unión Europea, cuyo progreso federal se vería seriamente amenazado por la desestabilización de una posible generalización de la fragmentación política dentro de los Estados miembros. La secesión catalana podría preludiar otros intentos disgregadores, en el Reino Unido, desde luego, pero también en Bélgica, Italia y España, sin excluir a la propia Alemania y Francia.
Pero es específicamente en España, como es lógico, donde los efectos destructores de la secesión se mostrarían como un suceso de proporciones catastróficas. ¿Qué quedaría de nuestro sistema constitucional tras una vulneración tan flagrante de nuestra Norma Fundamental que no autoriza un referéndum de autodeterminación, permitiendo una decisión de soberanía a quien no es el soberano, esto es, una fracción del pueblo español y no su conjunto?
No estamos, como absurdamente creen algunos, al fijar una posición ante la convocatoria del referéndum de autodeterminación, en la ocasión de censurar al Gobierno de la Nación, esto es del PP, por su gestión de la crisis catalana, sino ante un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, que es quien, en nuestro Estado de derecho, decide, en última instancia, lo que el ordenamiento permite a todos, autoridades y ciudadanos. Sobran, por tanto, ante este grave desafío, buenas palabras que disimulen la seriedad del embate: mal se puede querer a los españoles si se ataca su Constitución de un modo tan acervo y directo. El independentismo se alinea así con los enemigos del pueblo español que han aparecido en los momentos más siniestros de nuestra historia atacando el orden de libertades y derechos, establecido siempre con tanto sacrificio y esfuerzo.
Por lo demás ¿cómo puede una persona de izquierdas defender la secesión, que implica impugnar el instrumento de nivelación y redistribución por excelencia que es el Estado? Debilitar el Estado, privándole de la fortaleza que le depara uno de su elementos más dinámicos y prósperos, es ir contra la solidaridad entre los territorios que un político progresista no puede aceptar. En un momento en el que los riesgos de la desigualdad se incrementan, cuando la crisis puede dejar sin amparo a los sectores más débiles de la comunidad nacional, ¿qué defensa tiene desde una mentalidad de izquierdas privar de recursos a la organización política compartida cuya función primordial es asegurar las condiciones de una vida digna, con una cobertura holgada de los servicios públicos esenciales?
De otro lado la solidaridad de los territorios más prósperos es, como resulta sabido, lo que estos deben a las zonas en situación más problemática, consecuencia de un desarrollo histórico que drenó los recursos de las zonas atrasadas del Estado, aportando mano de obra y capital al desarrollo de las más ricas, que se beneficiaron de políticas públicas proteccionistas. Así se frustraron las oportunidades económicas iguales de todos y se perpetuó una situación de desequilibrio de rentas que la secesión no mejorará indudablemente. Música celestial sin duda a los oídos de un historiador que creo no frecuenta precisamente a Vicens Vives y que, a pesar de sus indudables vínculos familiares españoles, prefiere blasonar de su condición de preferencia, dice, de italiano.