Releo lo que escribí el domingo a propósito de los acontecimientos lamentables de la jornada, especialmente en Barcelona, acordándome de Cervantes. “No conocemos el bien hasta que lo hemos perdido”. Me preguntaba, si lo sucedido en esta jornada penosa, nos vacunará respecto de lo que puede pasar a partir de ahora: entrar en una espiral de desórdenes, inseguridad y represión; o nos llevará a recuperar la normalidad, restaurar la legalidad y volver al Estado de derecho, de donde nunca se debió partir. Desearía que fuera esto segundo lo que ocurra, pero obviamente no estoy seguro.
Nos hemos asomado al desastre y lo que procedería es recapacitar y regresar al punto de partida. Lo que podemos poner en riesgo, comportándonos estúpidamente, es nada menos que el orden constitucional, que nos ha asegurado, es cierto que con altibajos e insatisfacciones, en primer lugar un sistema de descentralización territorial como España no había tenido nunca, conjugando de modo adecuado, al menos conforme a estándares reconocidos en los sistemas políticos occidentales, la unidad, sin la que es imposible establecer un Estado eficiente, y el pluralismo, reconociendo el derecho a la autonomía de los pueblos integrantes. Nuestro orden constitucional, en segundo lugar, instaura asimismo un verdadero Estado de derecho, con una efectiva separación de poderes y donde, como no puede ser de otro modo, los tribunales de justicia aseguran nuestros derechos, entre ellos las libertades públicas que permiten la participación y el desarrollo de nuestra vida sin trabas ni permisos del poder.
Este sistema no puede saltar por las bravas como consecuencia de la actuación irreflexiva, pero contumaz, de la Generalitat actuando como un contrapoder del Estado, siendo que ella es el Estado en Cataluña, sometida como toda autoridad a la Constitución y las leyes. Las leyes del referéndum y la de la transitoriedad jurídica, plagadas de irregularidades en su elaboración y anticonstitucionales según toda apariencia, y por lo demás suspendidas en su vigencia, no ofrecen cobertura al referéndum convocado como mero acto de hecho, para decidir sobre la autodeterminación de Cataluña, que, como resulta sabido, el Tribunal Constitucional ha establecido en diversas ocasiones que, a menos que sea reformado, no cabe en nuestro ordenamiento constitucional.
Es importante señalar el alcance de la inconstitucionalidad en cuanto límite insalvable para cualquier poder público, al que desde luego no pueden oponerse principios políticos o éticos, que pudiesen tener un valor más alto que el de la Constitución. Admitir esto, es decir, que la Constitución, - en un Estado de derecho lo que los tribunales, comenzando naturalmente por el Tribunal Constitucional, establezcan que la Norma Fundamental permite o a lo que sus preceptos obliguen- puede ser desobedecida, supone regresar al horizonte del antiguo régimen o de los sistemas totalitarios donde el ejercicio del poder se basa exclusivamente en el capricho del gobernante o el empleo de la fuerza. La protesta en el Estado constitucional se expresa no mediante el derecho a la revolución sino a través de la libertad de expresión y reunión, ejerciendo los recursos jurisdiccionales frente a actos considerados inconstitucionales o ilegales, y reformando, en su caso, la Constitución. A estos cauces debe regresar la Generalitat. Y eso deberíamos pedirle todos y no darle oxígeno mediante argumentos éticos abstractos, que pueden presentarse como exigencias formuladas desde la teoría, la ciencia política, o, falsamente, el derecho comparado, pero que tienen un porte iusnaturalista evidente.
Tenemos ciertamente un grave problema en el Estado, que es el del independentismo catalán, quizás acentuado por una actuación, esto es obvio, algo torpe, y posiblemente, espero que no, desmedida del gobierno. Dos palabras sobre esto. Al independentismo, como primera consideración, hay que recordarle que en nuestro sistema sus pretensiones son atendibles, no solo en el sentido obvio de que sus tesis son defendibles, sino que son alcanzables, si previamente se reforma la Constitución, de la que hay que ofrecer garantías de su consecución si la base social independentista lograse una amplitud que en estos momentos evidentemente no tiene. A quienes no son independentistas, pero pueden apoyar esta posición, hay que ofrecerles una reforma de nuestra organización territorial que mejore el acomodo catalán en el Estado, sin negar las bases esenciales de éste, y sin poner en cuestión la igualdad de los españoles.
En segundo término, el gobierno debe explicar el uso de la coacción física que las fuerzas de seguridad del Estado han hecho en Cataluña. No hablamos ya de la atribución de la responsabilidad por la situación, sin la que no habría habido la ocasión del problema de orden público, que eso está muy claro, y corresponde exclusivamente a quien dirige la Generalitat, sino de la resolución adecuada de la crisis. Todos queremos oír un relato, honesto y serio, cosa que no podemos esperar de las autoridades catalanas, que contribuya a que nos hagamos una idea de lo que la jornada del domingo supuso. Sería una contribución de relieve, además muy esperada internacionalmente, para conjurar el grave riesgo que acecha a nuestro sistema de libertades y autogobierno, que sería insensato no calibrar.