El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente el pleno del Parlament del lunes al admitir a trámite un recurso de amparo del PSC y ha advertido a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, de su deber de "impedir" que se celebre, apercibiéndola de eventuales responsabilidades, incluida la penal. El alto tribunal, que ha adoptado esta medida por unanimidad, admite el recurso del PSC basado en que si dicho pleno declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una aniquilación de los derechos de los diputados.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el próximo lunes ante el pleno del Parlament para valorar los resultados y los efectos de la jornada del 1-O. Aunque en el único punto del día de la sesión no se menciona específicamente una declaración de independencia, la CUP aseguró que en el pleno se proclamaría la república catalana.
El PSC pedía en su recurso la aplicación del artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Ese precepto señala que "en supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite". De este modo, la suspensión se produce en el mismo acto de admisión a trámite del recurso contra la decisión tomada por la Mesa del Parlamento de Cataluña el día 4 de octubre.
En ese auto de admisión el TC declara "radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno, cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada". Señala, asimismo, que este recurso de amparo tiene "especial trascendencia constitucional" porque los actos impugnados podrían afectar al derecho a la participación política de los partidos y ciudadanos.
Además, añade que la cuestión planteada puede afectar a la aplicación y general eficacia de la Constitución, con "consecuencias políticas generales".
El pleno acuerda la notificación personal del auto a la Presidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa, a quienes advierte de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".
Con esta decisión, el TC asegura la ineficacia jurídica del pleno del próximo lunes, aún incluso de que este se celebre, pese al auto. Por lo tanto, cualquier acto que emane del mismo, como la aprobación parlamentaria por votación de una hipotética declaración de independencia tendrá carácter meramente virtual. No existirá, ni para el Estado ni para la comunidad internacional.
"Evitamos un paso hacia el conflicto" Esas han sido las palabras del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien se ha mostrado satisfecho con la medida del TC, la cual permite "ganar tiempo para el diálogo" entre los partidos.
La respuesta de los grupos independentistas no se ha hecho esperar. Carme Forcadell se ha mostrado irónica con la decisión del TC: "Suspender plenos que no están ni convocados es la nueva oferta de diálogo...", ha escrito la presidenta del Parlament en su cuenta de Twitter.
Desde el Govern, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, se ha referido en su perfil de Twitter a la suspensión del pleno al apuntar, en tono jocoso, que "no está ni convocado, y al menos un servidor no ha recibido ni convocatoria, ¡qué eficacia!". Otro conseller, el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, afirma: "un tribunal politizado prohíbe preventivamente que un Parlamento se reúna porque deduce que pasará algo no escrito en el orden del día".
Por último, en Esquerra Repúblicana acusan al Estado de responder sólo mediante "la amenaza y la suspensión" y apelan a "la democracia y la libertad", que —aseguran— "no pueden coartar".