El viernes el Consejo de Ministros de modo urgente aprobó un real decreto ley que facilita a las empresas grandes el cambio de la sede. La norma entró en vigor al día siguiente de su aprobación, o sea el día 7 de octubre. El ministro Guindos justificó las prisas para dar respuesta a la petición de los grupos empresariales que quieren inmediatamente salir de Cataluña sin esperar las votaciones de los respectivos consejos, ni otras medidas que alargan la toma de decisión. La rapidez del Gobierno con este decreto-ley hace pensar. ¿Por qué la petición de los grandes empresarios es atendida por el gobierno en 24 horas, mientras que las peticiones de la sociedad civil son acalladas durante años? ¿Por qué el gobierno no tiene problemas en actuar de modo urgente en este caso de las empresas, pero se niega a tomar alguna otra medida de carácter político para contrarrestar las consecuencias del golpe de Estado?
Hay muchos analistas que aplauden esta medida gubernamental, algunos la alaban como “un golpe fuerte al independentismo”. Las grandes empresas abandonarán Cataluña, ésta se quedará sin ingresos ni grandes capitales y los nacionalistas se arrepentirán de haber optado por una vía errónea. Mientras tanto, esperemos el momento que se despierta el ‘seny’, la sensatez, de los independentistas catalanes. Las medidas de presión económica a veces han funcionado y han conseguido cambiar el rumbo de los regímenes autoritarios, propiciando su democratización. Sin embargo, también es menester recordar que hay ejemplos de medidas económicas que no tuvieron ninguna repercusión en la política, pero sí que arruinaron las vidas de millones de ciudadanos. Uno es el caso de Cuba, por empezar por el más antiguo, y otro, desde hace un año, son las restricciones comerciales contra Rusia. En ambos casos la parte más dura del “ahogo” económico se la llevan los “currantes”, la gente corriente que no tiene nada que ver con la política, mientras que las élites gubernamentales se llevan el doble beneficio.
No es mi intención hacer paralelismos burdos e injustificados entre los países mencionados y la autonomía de Cataluña. Sin embargo, quisiera subrayar los peligros de esa vía para ahogar a los separatistas. La situación de millones de españoles-catalanes necesitan ayuda y esta medida podría atemorizarlos y acosarlos un poco más… No podemos dejar de contemplar el peor de los escenarios, a saber, la salida de las empresas gracias a la ley exprés podría tener repercusiones nefastas en el cierre de los negocios pequeños y, en general, en los trabajadores de a pie? ¿Dónde encontrar el empleo? Creo que son muchas son las vías para mostrar la viabilidad del Estado español en Cataluña, por ejemplo, la aplicación de los artículos de la Constitución 116 o 155 y muchas otras… En fin, esperemos que la jugada de Rajoy con los empresarios catalanes le salga bien y consiga ahogar a los golpistas catalanes con medidas económicas y no repercuta en la ciudadanía más vulnerable.