Julio caliente

Al Presidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, le espera un julio muy acalorado: entre el primero y el 18 de mes le esperan 8 audiencias, entre Nápoles y Milán, acusado de corrupción, de recomendaciones, de abuso de poder y presiones sobre el regulador de las Comunicaciones y el Presidente de la RAI para favorecer actrices y vedettes “en busca de fama”. Así que, durante las sesiones parlamentarias, es posible ver a su abogado predilecto, parlamentario de su partido, consultar el código penal para preparar su defensa. Por su misma admisión, si asistiese a todos los procesos en que está implicado, la actividad de gobierno estaría paralizada. No sabe si le toca ir a Nápoles para discutir de la emergencia basura o para defenderse. Sin embargo, Berlusconi sabe muy bien que si fuera condenado en el proceso Mills (corrupción), sería obligado a dimitir, además de “manchar” su expediente e de impedirle ser elegido Presidente de la República, objetivo declarado a final del mandato.

No le queda otra que atacar la magistratura, definirla “una metástasis para la democracia”, acusarla de ser politizada. Descalificando a los magistrados, se muestra escandalizado, subrayando que 2500 citaciones judiciales, 789 fiscales y jueces “interesados en el peligro Berlusconi” demuestran que se trata de una persecución y no de una “dudosa” carrera político-económica. Por lo tanto, la alternativa más viable es “blindar” su mandato, aprobando una ley que garantice la inmunidad de los más altos cargos de la República o una norma “salvapremier”: bloquear durante un año los procesos penales por delitos o crímenes anteriores a 2002 y penados con menos de 10 años de cárcel. Sin embargo, el Consejo Superior de la Magistratura define la ley “inconstitucional, una amnistía oculta”, poniendo en riesgo 100 mil procesos. La ley resulta una agresión al Estado de derecho y podría tener consecuencias devastadoras para un sistema judicial ya al borde del colapso.

Las nuevas leyes arriesgan perturbar el orden democrático, demostrando una vez más la incapacidad berlusconiana de separar la esfera privada de la pública, su interés particular del nacional. La reacción de la opinión pública tarda en manifestarse: el poder de las televisiones y mediático en general han creado una verdadera hegemonía cultural a favor de Berlusconi. El país, aturullado, prefiere refugiarse en la antipolítica y en el egoísmo, desinteresándose por la actualidad, decepcionado por la mediocridad de la casta política italiana. El parlamento resulta desposeído de su función: en lugar de elaborar leyes, discutir proyectos para el interés del país, sufre las decisiones del ejecutivo y legisla en consideración a la “biografía-exigencia” de su Presidente. Las instituciones son agredidas, la libertad de información cuestionada. Mientras en materia de seguridad y justicia sería fundamental contar con soluciones compartidas por mayoría y oposición, el dialogo parece interrumpido. La oposición, dividida y con el liderazgo de Veltroni en discusión, anuncia un “otoño caliente” con acciones de protesta en todo el país: ya, ahora no que estamos en verano… sinónimo de vacaciones y, aunque el gobierno actúe de forma discutible no es tiempo de enfrentamiento, de protesta.

Finalmente, en estos días, Famiglia Cristiana, revista de la iglesia católica, subraya como “il cavaliere tiene una obsesión: los magistrados. Y una pasión: los abogados. Naturalmente, los primeros están en contra de él, a los otros les elige para el Parlamento”. La situación es preocupante: está en juego la separación de poderes, fundamento del sistema democrático, y en discusión el principio según el cual “la ley es igual para todos”, independientemente de que se hayan ganado las elecciones. Independientemente de que uno se llame Silvio Berlusconi.