Cesar al presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos los consejeros, limitar las funciones del Parlamento catalán y que Mariano Rajoy asuma las competencias para convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses, éstas son las principales medidas aprobadas este sábado por Consejo de Ministros que, al amparo del artículo 155 de la Constitución el Gobierno va a presentar al Senado.
El presidente del Gobierno ha asegurado este sábado que "el Gobierno ha tenido que aplicar el 155". Mariano Rajoy, ha explicado que Puigdemont ha buscado el enfrentamiento y ha seguido un proceso "unilateral y contrario a la ley". Por ello, ha afirmado que como primera medida, el Ejecutivo va a destituir al Gobierno catalán en pleno y va a recortar las competencias del Parlament.
De estas funciones, ha matizado, se encargará a los órganos que designe el Gobierno, pero la idea principal es que las competencias de estas consejerías las asuman los ministros.
Rodeado de todo su Gabinete, Rajoy ha comparecido tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha aprobado las medidas para restaurar el orden constitucional en Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución para, entre otras cuestiones, destacar que todo este proceso comenzó "con el intento de obligar al Gobierno a aceptar un referéndum de independencia de Cataluña que todo el mundo sabía que no podía aceptar" y, a partir de ahí, Puigdemont "comenzó la toma de decisiones unilaterales".
Ha recordado el jefe del Ejecutivo que Puigdemont ha tenido muchas oportunidades para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la última, la respuesta al requerimiento que le envió el Gobierno. "Tengo la impresión de que alguien puede pensar, sin temor a equivocarse, que da la sensación de que algunos querían llegar a esta situación, que se aplicara el 155", ha dicho Rajoy.
Entre los objetivos del 155, Rajoy ha declarado que son esencialmente cuatro: "Volver a la legalidad, recuperar la normalidad y convivencia, continuar con la recuperación económica, con los empleos, los sueldos, que están gravemente en peligro ahora, y celebrar elecciones autonómicas en una situación de normalidad en un plazo máximo de seis meses".
Para terminar, Rajoy ha vuelto a agradecer al PSOE y Ciudadanos su apoyo a las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros porque se respalda así "no solo al Ejecutivo sino al propio Estado de Derecho".
El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de la Generalidad a las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España. Así figura en la exposición de motivos de las medidas que ha analizado el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente Carles Puigdemont que ya ha finalizado y que serán anunciadas por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, a partir de las 13:00 horas en rueda de prensa.
El texto de esa exposición de motivos subraya que el artículo 155 del texto constitucional configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación. El primero de ellos es que la comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y el segundo que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España.
"Ambos concurren en el presente caso", asegura el Gobierno, que recuerda que el 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto. Subraya el Ejecutivo el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de las obligaciones constitucionales de los dirigentes de la Generalitat.
Algo que considera que ha ocurrido con la puesta en marcha de un proceso de secesión "con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España".
Por otra parte, el Gobierno considera que el presidente Puigdemont puso de manifiesto, en su respuesta al requerimiento del Ejecutivo, su "deliberada voluntad de persistir en la secesión de España y atentar de modo flagrante contra la soberanía nacional y la integridad territorial". Entiende que no dio una respuesta afirmativa o negativa a la pregunta de si había declarado la independencia a pesar de advertirle de que cualquier contestación distinta a un sí o un no, se interpretaría como un asentimiento.
En consecuencia, subraya que la respuesta es motivo más que suficiente para entender desatendido el requerimiento. Pero a ello suma que, en su carta, señaló que el pueblo de Cataluña decidió el 1 de octubre la independencia en referéndum, dando así "plena validez y carácter vinculante" a una consulta que recuerda el texto que fue suspendido y anulado por el Tribunal Constitucional.
Tras ello, destaca el Gobierno que hubo una declaración "extra-parlamentaria" de independencia de Cataluña suscrita por los diputados soberanistas "erigiéndose en los legítimos representantes del pueblo de Cataluña". "De esta forma y dando carta de naturaleza a un pretendido referéndum declarado inconstitucional, (Puigdemont) ha ignorado de plano con su respuesta la conclusión del máximo garante de la Constitución", señala en referencia al Tribunal Constitucional.
Considera "patente" por tanto que el presidente de la Generalidad no ha cumplido lo ordenado y que no ha trasladado el requerimiento a la presidenta y los miembros de la Mesa del Parlament, poniendo de manifiesto "su absoluto desprecio" a la separación de poderes.
Igualmente, el Gobierno ha justificado la aplicación del artículo 155 por el "absoluto desprecio" de Cataluña a la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo y "evidenciando que ambas instituciones -Govern y Parlament- actúan como si de un solo poder y una sola voluntad se trataran". Subraya las "reiteradas desatenciones" de Cataluña y la "contumacia" mostrada por los impulsores del proceso soberanista "en ignorar e incluso contravenir abiertamente" el marco legislativo.
"Dicha actitud" dice el argumentario del Gobierno, "además de intolerable, no resulta ni mucho menos inocua". Por ello, advierte de que la deriva independentista y su expresión en planteamientos ilegales "están afectando gravemente a la vida política, económica y social en Cataluña".
El Gobierno también hace hincapié en el "profundo deterioro de las bases de convivencia, bienestar social y crecimiento económico en la comunidad catalana" que están poniendo en "riesgo" los fundamentos de progreso del conjunto de la sociedad. Y ello, añade, está provocando un "creciente desconcierto y una aquilatada desconfianza, entre los ciudadanos y hacia las instituciones". Además, el Ejecutivo central insiste en que los gobernantes de Cataluña no han respetado "ni la legalidad ni el interés general al que responden las leyes".
Será la primera vez desde que la Constitución está en vigor que se aprueben medidas en aplicación del artículo 155, que permite al Gobierno central asumir competencias de las comunidades autónomas que no cumplan la ley.