Los que nos hemos pasado la vida intentando convencer a amigos, clientes, inversores e incluso turistas extranjeros que España no era tan diferente, llevamos unos cuantos meses de capa caída.
Lo que más nos diferenciaba de los europeos era nuestra falta de respeto a la ley. El dinero negro, la picaresca o el abuso del derecho eran casi obras de arte para algunos de nuestros compatriotas. Por aquí merodeaba el “listillo” frente al probo, el tramposo frente a quien ejercía sus obligaciones fiduciarias de forma impecable y el ladrón que te da palmadas en la espalda mientras comete su fechoría. Nadie como Machado caracterizó lo peor del español cuando escribió que él era bueno en el buen sentido de la palabra. Para muchos españoles ser bueno es sinónimo de tonto o, más modernamente, de pringado.
El principio de legalidad es un pilar básico de una sociedad moderna y eficiente. Hoy el principio de legalidad está sometido a la política con minúscula. Se sujeta la aplicación de la ley en función de la negociación de última hora. Salvo un par de panolis que están en Alcalá Meco, no hay un solo verdadero responsable que esté siendo sometido a la ley, con lo fácil que es. Quizás sea una cuestión cultural, todavía (parafraseando de nuevo a Machado).
Una independencia como la catalana no se consigue sin una revolución violenta o sin incumplir flagrantemente la ley. Era lo esperable. Aplicar el derecho administrativo era de ilusos. El artículo 155 permite frente a la excepcionalidad independentista aplicar otra excepcionalidad, pero esta sí legal. Lógicamente se debería haber aplicado hace mucho tiempo porque había sobradas razones para ello. Además, la fiscalía debería ser independiente y perseguir a quien comete un delito de forma inmediata y más si quien delinque debería ser su mayor garante. Esto y lo anterior es lo que se esperaría de un estado como el británico, francés, alemán o incluso italiano.
Choca que un estado como es el español, con un centenar de embajadas, enorme potencia mediática y una gran experiencia en cuestiones internacionales se deje ganar la batalla entre los medios de comunicación internacionales. No es de recibo que el ministro de asuntos exteriores haga un “plasma” con la BBC que aún hoy es una de las cadenas internacionales más influyentes de este mundo. Extraña que no se haya podido “vender” que no votó ni el cuarenta por ciento de un referéndum ilegal, oficioso, alegal o como quiera llamársele. Una proporción menor al del referéndum de Escocia de 2014.
Han sido días muy tristes en los que una mayoría -que lo es- de catalanes, han recibido muy poco apoyo de quienes queremos que sigan siendo españoles. Días tristes en los que la policía de todos parecía una fuerza de ocupación. Días donde muy poco se ha hecho para resolver el problema de fondo -que no es la independencia, que ni soñando la conseguirían en una votación legal- sino la enorme fractura social que se ha producido en Cataluña donde vuelve a resucitarse el mito de las dos Españas. Porque la diferencia entre la forma de sentir España en Cataluña es muy similar a la que se produce en el resto del país con nuestro nacionalismo dual de izquierda y de derecha. La derecha cree en la nación, la izquierda en el estado. Ambos eran incompatibles hasta la magnífica síntesis que se consiguió con la Constitución de 1978.
Y nos repugna finalmente, por irresponsable, el daño que se está haciendo a una recuperación económica que estaba encauzada y que se puede truncar porque unos y otros no hayan sido capaces de resolver una situación que el derecho ya preveía y para los que otorgaba los instrumentos para atajarla de forma limpia, tajante, normal… En suma, ¡Europea!
La salida es la lógica y la normal en democracia: aplicar la ley y votar lo antes posible. La fecha del 21 de Diciembre es perfecta para estabilizar la cuestión, impedir que Puigdemont y cÍa. Sigan haciéndose las victimas y medir los apoyos. Rajoy ha acertado.