deliberación de los magistrados
Martes 08 de julio de 2008
El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional celebró este martes su primera sesión para intentar unificar el criterio sobre si es o no delito de enaltecimiento del terrorismo dedicar o mantener una calle a un miembro de Eta, aunque será hoy cuando los magistrados deliberen y adopten una decisión.
Fuentes jurídicas han informado de que en esta primera sesión del pleno extraordinario convocado por el presidente de la sala de lo penal, Javier Gómez Bermúdez, ante las resoluciones discrepantes dictadas por varios jueces de este tribunal sobre este asunto, los magistrados han perfilado el marco jurídico en el que desarrollarán su resolución.
El pleno está compuesto por los diecinueve magistrados de la sala de lo penal -cuatro jueces por cada una de las cuatro secciones y tres de la sección de apoyo-, aunque en la reunión del martes, que duró poco más de una hora y en las que han conocido las tesis del ponente (Gómez Bermúdez), han estado presentes quince de ellos.
Los magistrados Fernando García Nicolás -presidente de la sección segunda-, Ángela Murillo -presidenta de la cuarta-, José Ricardo de Prada y Flor Sánchez no asistieron a la reunión pero, previsiblemente, los tres últimos sí acudan hoy, que será cuando deliberen y voten.
Gómez Bermúdez ha decidido convocar el pleno aprovechando la deliberación sobre el recurso de apelación contra la decisión del juez Santiago Pedraz de no admitir a trámite la querella contra el alcalde de Lejona (Vizcaya) por mantener el nombre de los etarras Eustaquio Mendizabal, "Txikia", y los hermanos Txabi y Joseba Etxebarrieta en dos calles de la localidad.
En la Audiencia Nacional se han presentado de momento diez querellas que tienen que ver con la asignación de nombres de calles o espacios públicos a terroristas, todas en municipios del País Vasco salvo una en Navarra y otra en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona).
En ese municipio barcelonés se dedicó en 2007 una calle a Jaume Martínez Vendrell, dirigente de la rama militar del Front Nacional de Catalunya (FNC) y condenado como inductor del asesinato del empresario José María Bultó y su mujer en 1977.
La sección segunda obligó en diciembre pasado a reabrir esta causa y el juez Ismael Moreno volvió a archivarla, una decisión que volvió a ser recurrida por la familia de Bultó y que de nuevo la sala tiene pendiente de resolver.
Otra querella, interpuesta contra el alcalde de Arrigorriaga (Vizcaya) por mantener una plaza del municipio dedicada al etarra José Miguel Beñaran "Argala", no fue admitida a trámite por Pedraz, pero la sección tercera le ordenó en mayo investigarla.
Mientras, la decisión de Moreno de archivar otra denuncia contra el regidor de Amorebieta (Vizcaya) fue ratificada también en mayo por la sección cuarta, que tampoco consideró que incurriera en ningún delito porque no participó en el pleno municipal que acordó dedicar la vía a los etarras Juan Paredes, "Txiki", y Ángel Otaegi, ejecutados en 1975.
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