El Consejo Regulador de Cava, formado por las grandes compañías de este sector, por tercera vez pide restringir el cultivo de cava en Extremadura. Tanto Almendralejo como Requena, en Valencia, han aumentado a 1500 hectáreas su cultivo durante los últimos años. Los representantes de estas regiones piden informes objetivos que demuestren la saturación del mercado de cava o que este crecimiento lleve a la devaluación de una Denominación de origen. La última petición del Consejo de Cava se produce en noviembre, poco antes de las compras navideñas, en el ambiente de un tácito boicot que muchos de los ciudadanos han proclamado a las compañías catalanas implicadas en la financiación de la causa nacionalista catalana.
La gran preocupación ahora es la de los agricultores de Extremadura que viven desde hace años un crecimiento continuo en producción de cava. Sólo en 2016 las ventas han crecido un 39%. Las previas peticiones del Consejo Regulador fueron desestimadas por el Gobierno, pero ahora el Ministerio de Agricultura ha decidido que hasta 2020 no podrán entrar más hectáreas para cava. La Junta de Extremadura recurrirá esta decisión, no obstante, la situación económica catalana no deja muchas dudas sobre la decisión de los tribunales que impondrán la restricción al sector creciente del cava extremeño. Dicen que los tiempos que corren son nuevos, modernos y libres en extremo, pero las medidas que rigen la economía, si las analizamos bien, son tan vetustas y antiguas que hunden sus raíces en las catastróficas políticas de los siglos XVI, reiteradas en el XVIII.
Las Cortes desde el siglo XV apelaban a “la antigua libertad” con “la cual libertad las monedas corrían por los vuestros reinos e señoríos en sus justos y razonables preçios…”. Sin embargo, la corona apostó por otra vía y encontramos una de las medidas de 1549 según la cual se prohibía la fabricación de paños finos y castigaba a quienes mejorasen su calidad ni poner ninguna señal con la cual se podría identificar al fabricante. Muchos textos de la época, hasta literarios, expresan el malestar por tales políticas que sofocaron el desarrollo de las industrias en España. Baltasar Catano, Alonso de Salinas, Pedro de Isunza y otros tratadistas alzan la voz para defender la libertad de los tratos y contratos económicos. Antonio Alarcón en 1642 escribe: “el valor intrínseco y la estimación de los metales, monedas y la de los frutos, mercaderías y demás bienes muebles y raíces, dependen de la estimación común y no de la estimación o voluntad sola de los príncipes, como se ha supuesto en las leyes y bandos que se han publicado en estos reinos”.
La libertad económica y la libertad política van de la mano. Los que creen aceptables las medidas de coacción económica para garantizar la paz política, puede que cometan un error tan antiguo como grave: sin libertad económica no hay libertad política en las democracias parlamentarias.