Los datos son alarmantes. 2016 ha sido el más caluroso de los últimos 137 años y 2017, el más cálido y seco de los últimos 40. Las cuencas hidrográficas de nuestro país se encuentran al 40 por ciento de su capacidad y las del Júcar, el Segura y el Duero apenas superan el 10 por ciento. 124 pueblos ya sufren restricciones de agua y muchos tienen que recurrir a los camiones cisterna para su abastecimiento. Y según el Ministerio de Medio Ambiente, el 74 por ciento del suelo español se encuentra en proceso de desertificación, en especial en Extremadura, Andalucía, La Mancha y Levante.
Las consecuencias de una de las sequías más pertinaces de nuestra Historia, según los expertos, afectan gravemente a la agricultura que pierde cada año miles de hectáreas de suelo fértil y, por lo tanto, a las cosechas; a la ganadería, por la muerte de animales; al medio ambiente, con unos alarmantes índices de contaminación en las grandes ciudades y un aumento del efecto invernadero al tener que recurrir al carbón y al gas para atender a la generación de energía, pues las centrales hidroeléctricas han reducido su producción un 52 por ciento, lo que, además, conlleva un constante incremento del recibo de la luz.
España, entre otros países, se encuentra en una situación de emergencia que repercute tanto en la economía como en la salud de los ciudadanos. Sin embargo, son pocas las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar esta tragedia. Nuestro país firmó en 2015 el Acuerdo de París que obligaba a los 137 países participantes a reducir los gases de efecto invernadero, a luchar contra el calentamiento global y a promover las energías renovables como la solar. Paradójicamente, nuestra nación está a la cola del mundo en de la producción de energía solar por los descomunales impuestos que sufren los usuarios.
No basta con las restricciones de tráfico de Manuela Carmena y Ada Colau, medidas que apenas disminuyen la contaminación pero provocan incontables molestias en el transporte. Los meteorólogos ya han vaticinado que, aun siendo cíclicas, las sequías se van a incrementar en frecuencia y en severidad. El Gobierno está obligado a afrontar esta situación de alto riesgo que sufre nuestro país. Tiene que promover e incentivar la producción de las energías renovables eliminando los desorbitados impuestos, subvencionar la venta de los coches híbridos y eléctricos y poner en marcha un plan hidrológico para distribuir mejor el agua y reducir en lo posible que se malgaste. La economía de nuestra nación y la salud de los españoles están en juego.