Desde el sábado, los Mossos recuperarán la exclusividad en la vigilancia de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al perder vigencia las razones por las que ese mismo tribunal traspasó sus competencias a la Policía Nacional tras el 1-O, debido a los riesgos de "alteración de la legalidad constitucional".
Así lo ha decidido este jueves el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en un escrito en el que ordena que la retirada de los efectivos de la Policía Nacional se convierta en efectiva mañana viernes, para que el próximo sábado, 2 de diciembre, la seguridad del Palacio de Justicia sea asumida de nuevo en exclusiva por los Mossos d'Esquadra.
Barrientos acordó el pasado 6 de octubre, tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O, entregar la vigilancia de la sede del alto tribunal catalán a la Policía Nacional, para "preservar la integridad del Poder Judicial", ante una eventual declaración de independencia, que el Parlament votó el 27 de octubre, aunque quedó sin efecto tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El presidente del TSJC argumentó entonces que la Ley de Transitoriedad Jurídica que aprobó el Parlament, y que el Constitucional suspendió después, "vienen a perturbar invariablemente la integridad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de todos los magistrados que la integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición, para compromiso de la función jurisdiccional que ejercen".
El presidente del TSJC ha adoptado esta decisión ante "la pérdida de vigencia" de las razones que llevaron a entregar la vigilancia y custodia del Palacio de Justicia a la Policía Nacional, ya que el "nivel de contención actual de los riesgos de alteración de la legalidad constitucional y de afectación del servicio público" reclaman el "retorno a la ordinariedad".
Con esta decisión, Barrientos afirma que pretende hacer efectiva "en su plenitud" la competencia propia de los Mossos d'Esquadra, que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le atribuye en la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, ya que, según destaca, la "habían venido realizando de manera eficaz".