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El juez decidirá el lunes si excarcela a Junqueras y los exconsejeros

(Foto: EFE/Chema Moya).

JUNQUERAS ACATA EL 155 "POR IMPERATIVO LEGAL"

EL IMPARCIAL/Efe | Jueves 30 de noviembre de 2017
La Fiscalía del Supremo pide que se mantenga la prisión preventiva.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comunicado a los abogados que en principio no resolverá hasta el lunes 4 sobre la situación de los exconsellers y los líderes de ANC y Ómnium Cultural que este viernes han comparecido ante él para solicitar su puesta en libertad, han informado fuentes del Supremo. Según las fuentes, el juez ha trasladado esa información a los abogados de los diez procesados.

De este modo, la decisión de Llarena se produciría horas antes del comienzo de la campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre, que arrancará en la medianoche del lunes.

Al respecto, la Fiscalía del Supremo ha pedido al juez Llarena que mantenga la prisión preventiva para los ocho exconsellers y los líderes de las entidades soberanistas. Consuelo Madrigal, exfiscal del Estado, y Jaime Moreno, fiscal de Sala, han sido los miembros del ministerio público que han asistido a las comparecencias, que han transcurrido a lo largo de casi de cuatro horas para escuchar los argumentos a favor de que se acuerde el fin de su situación de prisión preventiva.

Después de las declaraciones el magistrado ha consultado a las acusaciones sobre si consideran que debe cambiarse la situación personal de los imputados. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado, ante la gravedad de los hechos investigados, el mantenimiento de las medidas cautelares para los diez comparecientes: "La Fiscalía en su informe ha individualizado provisionalmente las responsabilidades de cada uno. En todo caso, considera que en estos momentos persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva".

La acusación ejercida por el partido Vox también se ha opuesto a cambiar la prisión preventiva por otro tipo de medida cautelar.

El exvicepresidente de la Generalidad catalana Oriol Junqueras ha permanecido unos veinte minutos ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena para defender que debe modificar su situación de prisión preventiva y ordenar su libertad. Por su parte, los abogados de los exconsejeros y los 'Jordis' tenían "todo preparado para hacer efectiva la fianza" si el juez les dejaba en libertad.

De todos los declarantes, solo Oriol Junqueras, y el exconseller Raúl Romeva, se han negado a responder a las preguntas del fiscal durante las comparecencias de los imputados ante el Supremo por el procés hacia la declaración unilateral de independencia que se han desarrollado hoy. Salvo los citados, y con la excepción de Jospe Turull, que acaba de terminar, y los líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que aún no han comparecido, todos han respondido, en mayor o menor medida, a las preguntas de las acusaciones, según las citadas fuentes del Supremo.

En el exterior se han concentrado varias decenas de familiares y cargos públicos independentistas con la esperanza -han dicho- de que el juez Llanera "haga justicia" y ponga en libertad bajo fianza a los investigados.

La 'vía Forcadell'

El juez Llarena decidió el pasado 9 de noviembre dejar en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament Carme Forcadell y a los miembros de la Mesa de JxS, tras una comparecencia en la que afirmaron acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se comprometieron a mantener su actividad política dentro del marco constitucional.

Ante el nuevo escenario procesal abierto, al asumir Llarena la causa, las defensas de los exconsejeros encarcelados y las de Jordi Sànchez -expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC)- y Jordi Cuixart -presidente de Òmnium Cultural- han pedido comparecer en el Supremo para argumentar que no existe riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas en que Lamela se basó para encarcelarlos.

Los investigados -que concurren a las elecciones del 21D, excepto en los casos de la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs y Jordi Cuixart- han aducido también que permanecer en prisión mientras transcurre la campaña electoral supone una vulneración de su derecho y el de los ciudadanos a la participación política.

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