Jueves 07 de diciembre de 2017
Mariano Rajoy ha puesto una condición tan imprescindible como imposible en estos momentos para reformar la Constitución: alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas como el que se logró en 1978. Pero entonces, a los partidos les unía la necesidad de dejar atrás la dictadura franquista para celebrar unas elecciones democráticas. Ahora, a los partidos políticos solo les une la necesidad de superar la crisis catalana y resolver el galimatías de la financiación autonómica. Pero las propuestas de unos y otros son antagónicas: El PP y Ciudadanos exigen preservar la soberanía nacional frente al proyecto federal del PSOE, la nación de naciones de Podemos y el derecho a decidir de los separtatistas. Y tampoco resulta conveniente abordar la reforma de la Carta Magna mientras se mantenga el desafío secesionista catalán.
España ha vivido la mejor etapa de su Historia de libertad, bienestar, prosperidad e igualdad gracias a la Constitución que acaba de cumplir 39 años. Es necesario adaptarla al siglo XXI para que las nuevas generaciones se sientan representadas.Pero nunca con la urgencia de contentar a los nacionalistas, pues, precisamente esa cesión en 1978 propició el mayor error de la Carta Magna al transferir las competencias de Educación a las Comunidades Autónomas.Porque ese ha sido el caldo de cultivo del separatismo, del lavado de cerebro que han sufrido las nuevas generaciones, en especial de catalanes y vascos, con unos libros de texto de Historia y Geografía manipulados que les han inculcado el odio a España. Y, en cualquier caso, no se puede ceder para contentar a los nacionalistas, pues nunca van a estar contentos.
Mariano Rajoy se comprometió con Pedro Sánchez en poner en marcha en el Congreso una Comisión para la reforma de la Constitución. Es probable que en dos o tres meses se convoque la Comisión. Y es seguro que será un absoluto fracaso. No es el momento, pero, sobre todo, los partidos políticos son incapaces de consensuar la reforma de un solo artículo. Sus diferencias son insalvables. Y, en efecto, sin consenso resulta imposible aprobar el nuevo texto constitucional. Habrá que esperar a que remita el desafío secesionista. Y, ojalá que entonces, los partidos políticos se pongan de acuerdo en lo que sería esencial para evitar otras crisis como la catalana: centralizar las competencias de Educación. Pero a ver quién es el valiente que le pone el cascabel al gato.