Análisis
Miércoles 09 de julio de 2008
Entre las cortinas de humo utilizadas por el partido socialista durante la celebración de su XXXVII Congreso para distraer la atención que los españoles no pueden evitar prestar a la crisis económica que nos ahoga se cuentan la revisión “vanguardista” -en palabras de la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega- que se ejecutará aun sin el acuerdo del Partido Popular -en palabras de Elena Valenciano, ese valor emergente en el PSOE eclipsado a última hora por quien de verdad emergió, la joven Leire Pajín- de la ley del aborto, el reforzamiento del laicismo ya impulsado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en la anterior legislatura, la extensión y homogeneización autonómica de la eutanasia y la puesta en marcha de una legislación que permita a los inmigrantes extracomunitarios votar en las elecciones municipales que se celebren en España.
La mayoría de estas cuestiones, junto a otras de menor relevancia, habían sido propuestas, en forma de enmiendas a la única ponencia marco con que contaba el congreso socialista, por los militantes del PSOE. Que las bases pedían a la dirección un viraje a la izquierda ha sido la interpretación que mayor número de analistas ha hecho. La aceptación y el compromiso por parte de la Ejecutiva federal surgida del cónclave socialista de plasmar en leyes y en breve estas propuestas ha sido entendida por su adversario, el PP, como un abandono del centro político para situarse en “izquierda más radical de Europa”.
Pero la celeridad con que el Gobierno se ha puesto a trabajar para poner en marcha las iniciativas congresuales del PSOE trasluce su convencimiento de que dichas medidas serán del agrado, no sólo de sus fieles, sino de un número interesante de votantes. ¿A qué si no tanta prisa? ¿Al clamor popular que pedía una ley de plazos para el aborto, una mayor distancia con la Iglesia católica, una generalización de las sedaciones y los testamentos vitales y un inmediato derecho a voto para los inmigrantes?
Con la propuesta que podría tener más posibilidades de que el tiro le saliera por la culata es el anunciado voto inmigrante para las próximas elecciones municipales de 2011. El ejemplo francés nos enseña que los extranjeros residentes durante varios años en el país vecino, los que tienen su vida familiar y laboral asentada en Francia y los que no piensan regresar en corto plazo a sus lugares de origen votan a la derecha y no a la izquierda. Además, la entusiasta acogida que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha brindado a los planes del PSOE sólo puede significar que el PP madrileño maneja datos suficientes para esperar que el voto inmigrante no le sea desfavorable o, incluso, que le resulte beneficioso.
Los manidos 400 euros de Rodríguez Zapatero que tantos quebraderos de cabeza han dado al ministro de Economía, Pedro Solbes, y a nuestro superávit, las ayudas al alquiler que tan buenos resultados han aportado, según el Gobierno, a los jóvenes y al mercado inmobiliario, el cheque-bebé que apenas cubre un curso de guardería pública y lo que resta de hallazgos populistas poco eficaces para solventar las dificultades económicas de las familias y de las empresas que el Ejecutivo ha aprobado en los últimos meses podrán engatusar a los extranjeros recién llegados, pero los inmigrantes residentes desde hace años en España piensan como los españoles: que las dádivas prometidas en vísperas de las elecciones no resuelven las crisis económica.
Así, la teoría política asentada entre muchos líderes y analistas españoles que dice que la mayor afluencia de votantes a las urnas beneficia siempre al partido socialista podría encontrar en el voto inmigrante la excepción que confirmara la regla. Los extranjeros, como los españoles, se dividirán mayoritariamente entre las dos principales propuestas políticas que se ofertan en nuestro país, utilizarán como principal criterio para decidir las cuestiones económicas, como sucede en todo Occidente en tiempos de crisis, y puede que le den una sorpresa al partido que habrá propiciado su derecho a voto en los comicios municipales.
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