El libro de Luis María Cazorla sobre “legitimidad monárquica y gestión económica” será una de las aportaciones intelectuales más importantes que se han hecho sobre la Monarquía de la Constitución de 1978, ahora que se cumplen cuatro décadas de su instauración, y cuando el Rey Felipe VI ha logrado con su ejemplo incrementar su legitimidad como Jefe del Estado y sucesor de Juan Carlos I de Borbón.
Cuando le pedí a Luis María Cazorla, catedrático de Derecho Financiero en la Universidad Rey Juan Carlos, que participase como ponente en el Seminario Permanente titulado “Monarquía parlamentaria y Estado democrático en España, Europa y América”, que yo dirijo en esa Universidad, su respuesta fue aceptar inmediatamente mi invitación, comprometiéndose, además, a preparar una ponencia sobre un tema del que no había entonces investigaciones y opiniones científicas: la gestión económica de la Corona y su comparación con otras jefaturas de Estado europeas.
Es fácil comprender la satisfacción que tuve cuando el profesor Cazorla me dijo que la elaboración de su ponencia le permitiría publicarlo como libro del mismo asunto.
La Cátedra que yo dirijo se creó precisamente cuando el Rey Felipe VI fue proclamado Jefe del Estado por las Cortes Generales. En la Memoria que redacté para su aprobación por las autoridades universitarias, en el verano de 2014, me refería a la falta de atención académica sobre lo que la Constitución de 1978 define como “La forma política del Estado”.
El libro del profesor Cazorla se ajustaba perfectamente a los objetivos de la Cátedra. Con ese trabajo se sitúa entre el aún pequeño grupo de juristas y estudiosos de la política que están abriendo nuevos caminos de investigación acerca de los cambios que se están produciendo en el poder y en el Estado en los tiempos actuales de globalización.
Ese es el mérito de su libro. La tesis que recorre sus páginas es que el rey de las Monarquías parlamentarias, en tanto no ejerce poder político alguno, pero que dispone de una autoridad moral que procede del núcleo estatal más profundo, su legitimidad como Jefe del Estado, basado en la herencia y no en la elección, surge del ejercicio cotidiano de sus funciones. Y para que esa legitimidad funcional o de ejercicio pueda expresarse y justificarse ente los ciudadanos de una democracia avanzada, como es el caso de España, la gestión económica de las partidas presupuestarias, que las Cámaras parlamentarias aprueban cada año para ese fin, han de tener unas características que el profesor Cazorla estudia detalladamente en su estudio.
Deduciendo de la Constitución y de la evolución de la doctrina, el autor se decanta claramente por considerar que los fondos para el sostenimiento de la Casa de Su Majestad El Rey son parte del sector público, lo que tiene consecuencias especialmente en cuanto al control de los gastos. Lo significativo es que el Rey Felipe VI, tal como lo anunció en su discurso ante las Cortes Generales el día de su proclamación, desde el comienzo de su reinado está realizando los cambios necesarios para que la gestión económica de su Casa se adapte a las exigencias técnicas y éticas de los Estados más democráticos de nuestro entorno. El profesor Cazorla lo descubre en su estudio, y esa es una de sus aportaciones más notables.
Es muy interesante, además, las comparaciones que el autor hace con los costos de la Jefaturas del Estado, republicanas y monárquicas, de España, Noruega, Holanda, Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Francia y Alemania. El Rey de España cuesta el que menos, 7,8 millones de euros en el año 2017, mientras las Casas Reales, por ejemplo, de Noruega, Holanda, Gran Bretaña, Luxemburgo cuestan, respectivamente, 21,8, 40,1, 48,1, 10,1 millones de euros, y los presidentes de Francia y Alemania tuvieron presupuestos en ese año, de 104,5 y 36,5 millones de euros, respectivamente.