dota 192 millones ante la suspensión de Martinsa-Fadesa
Martes 15 de julio de 2008
La crisis inmobiliria se ha cobrado su primera víctima, la constructora Martinsa-Fadesa, pero las Cajas que mantienen vínculos con la entidad optan por ponerse a salvo. Así, La Caixa ha informado este martes de que realizará una dotación específica para insolvencias de 192 millones de euros con cargo a los resultados de este año para "anticiparse" al impacto derivado de la solicitud de suspensión de pagos comunicada por la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, que le adeuda más de 700 millones.
En una comunicación remitida a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la Caja ha asegurado que ante la inminente suspensión de pagos de Martinsa, los créditos que están aún pendientes de cobro pasarán a considerarse dudosos. Medidas preventivas para posibles impagos, que tratan de paliar una crisis en el sector inmobiliario que se ha agudizado con la solución extrema de una de las mayores constructoras del país.
La decisión de La Caixa la han tomado también otras dos Cajas de Ahorros, que financian a Martinsa-Fadesa, como Caja Madrid y el Banco Popular, que juntas han aprovisionado un fondo de 350 millones de euros.
234 despidos, pero el Gobierno no intervendrá
Desde el Ejecutivo la postura no intervencionista ha sido la respaldada este martes por varios de sus responsables, en tanto que algunas de las 45 entidades que participan en el sindicato bancario que refinanció 4.000 millones de euros de deuda a Martinsa-Fadesa han notificado dotaciones para anticiparse al impacto del concurso voluntario de acreedores.
Junto con el mensaje no intervencionista, el Ejecutivo ha mostrado su apoyo tanto a los trabajadores de la inmobiliaria como a los consumidores que tienen comprometida la construcción de una vivienda, tal y como ha manifestado la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega.
En paralelo a la petición del concurso de acreedores, Martinsa-Fadesa ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 234 trabajadores, a los que ofrece indemnizaciones de 25 días de sueldo por año trabajado, oferta que los sindicatos han rechazado.
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