El Gobierno, sobre la querella del Parlament: "Puede ser un delito".
La mayoría independentista de la Mesa del Parlament (JxCat y ERC) ha acordado que la Cámara catalana presente una querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pese a las reticencias que han expresado los letrados sobre su viabilidad.
En una reunión extraordinaria de la Mesa, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha planteado esta iniciativa después de que Llarena prohibiera a Jordi Sánchez salir de la cárcel para participar en el pleno de su investidura como presidente de la Generalidad, que tenía que celebrarse este viernes y que fue finalmente desconvocado.
La propuesta la han avalado JxCat y ERC, que tienen mayoría en la Mesa, mientras que los Comunes comparten la idea pero han recomendado optar por otras vías por las "dudas jurídicas" que tienen, mientras que PSC y Ciudadanos han votado en contra.
La querella, que se podría interponer contra Llarena pero también está abierta a todos los magistrados de la Sala Penal del Supremo, se ha encargado ya a los servicios jurídicos, pese a que estos mostraron sus reticencias así como ofrecieron diferentes vías para esquivar la querella.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado que Torrent "presente una querella política para presionar a los jueces", usando a la cámara "al servicio de la defensa" de Jordi Sánchez, por lo que ha pedido a la Mesa que reconsidere su decisión.
Arrimadas ha avanzado que, como primer paso, su partido presentará hoy mismo un escrito para que este órgano de gobierno reconsidere su decisión, pero también pedirá toda la documentación sobre la querella si finalmente se presenta para comprobar si se destinan recursos públicos a tal fin.
"Espero que no gasten recursos públicos para la presentación de una querella política", ha avisado la también portavoz nacional de Ciudadanos, ya que este partido considera que se podría incurrir en un delito de malversación fondos públicos.
Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha considerado "una barbaridad" la presión que se está haciendo a los jueces "desde lo que debería ser el poder legislativo", y también la "presión" en la calle contra jueces, sus familias y los políticos "que no somos separatistas".
Asimismo, ha acusado a Torrent de "secuestrar" esta institución para ponerla "a los pies" y al servicio de Carles Puigdemont, que es "un huido de la justicia".
La portavoz del PSC, Eva Granados, ha reprochado a los soberanistas que hagan un "uso partidista" del Parlament como una "arma arrojadiza" contra el Supremo, si bien ha descartado que la querella acordada contra el juez Llarena pueda ser constitutiva de un delito de malversación porque la elaborarán los servicios jurídicos de la Cámara.
En una rueda de prensa, Granados ha rechazado que esta vía sirva para defender los derechos de los diputados del Parlamento catalán, como sostienen los independentistas. "El enfrentamiento institucional es la peor manera de defender los derechos de los diputados", ha alertado la portavoz, que ha reprochado a los soberanistas que hagan un "uso partidista" de la institución, que debería "representar a las mayorías y a las minorías y debería ser un espacio del diálogo", en lugar de "convertirlo en un arma arrojadiza".
Granados ha considerado que esta querella es una "cortina de humo" para tapar el "fracaso" de la mayoría independentista, que "no sabe qué hacer" y ni siquiera se ha puesto de acuerdo para garantizar los votos para Jordi Sànchez ni para el exconseller Jordi Turull.
El portavoz del PPC en el Parlament, Alejandro Fernández, no ve "viabilidad" en la querella y ha advertido, como ya ha hecho el Gobierno, de que los partidos independentistas podrían recaer en un delito de malversación de fondos públicos. En rueda de prensa, Fernández ha criticado que "una vez más las fuerzas separatistas han tomado de manera unilateral una decisión, imponiendo su criterio al resto y también sobre el criterio de los letrados".
La portavoz de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha expresado el apoyo de su formación a la querella del Parlament. Ha indicado que ven "con buenos ojos" la anunciada querella contra Llarena, como mejor respuesta "a la deriva autoritaria del Estado y sus tribunales" y a "la regresión de derechos y libertades que sufre Cataluña".
Según Alamany, "denunciar la judicialización de la política llevada a cabo por el PP no es contradictorio" con la presentación de una querella para defender los derechos fundamentales" que hayan podido ser vulnerados desde los tribunales. "Queremos saber si está habiendo un abuso judicial", ha destacado, y si bien "creemos que es la hora de la política, entendemos también que la querella para defender derechos vulnerados" supone emprender "caminos que no son excluyentes".