Jordi Canal (Olot, 1964), acaba de publicar otro libro cuyo título no puede ser más ilustrativo: “Con permiso de Kafka. El proceso independentista en Cataluña”. (Barcelona, Península, 2018). Aún no lo he leído entero, pero como me pasó con su “Historia mínima de Cataluña” (Madrid, Turner, 2015), su lectura ha sido un consuelo y un estímulo en estas circunstancias, para mí, llenas de incertidumbre.
La resolución del tribunal regional de Schleswig-Holstein negando que Puigdemont pudiese ser juzgado en España por su presunto delito de rebelión, como pedía el magistrado Llarena, y la posibilidad de que ese tribunal tampoco llegue a ver el otro presunto delito económico del fugado ex-presidente de la Generalidad, no ha sido sólo un revés para el Gobierno de Rajoy, sino algo mucho peor: una humillación para la sociedad española, lastimada en su confianza en el Estado, y en última instancia, quebrada en su fe europeísta. A la mala noticia alemana, se podrían añadir reveses equivalentes en Suiza y Escocia, con las dos dirigentes independentistas. Al parecer, fiscales españoles y alemanes van a reunirse en Holanda para encontrar alguna solución a la situación creada.
El tribunal de Schleswig-Holstein, desoyendo a su propia fiscalía, y despreciando el sentido del espacio europeo de Justicia, ha entrado a juzgar el fondo del caso de Puigdemont, en lugar de limitarse a comprobar si existían los delitos de los que presuntamente era acusado en España el señor Puigdemont. Los jueces alemanes han infligido un daño enorme al espacio judicial, un ideal de los mejores juristas europeos desde Kant, que se basaba en la confianza mutua entre los jueces europeos, y eso supone que entre Estados sucede lo mismo. La orden judicial europea que regula las extradiciones entre Estados de la UE es mero papel mojado si existe, como en este caso, desconfianza.
Pero esta desconfianza se debe a que la UE esta mirando para otro lado en cosas que desmienten sus premisas originarias. Los jueces de ese Land alemán, influidos por el confort democrático de una sociedad temerosa ante lo que viene de fuera, seguramente han pensado, con ese sentido común que no es otra cosa que conservadurismo (¡cómo recuerda aquí las declaraciones de nuestros gobernantes!), que la justicia en España sería parecida a la de Polonia o la de Hungría. En efecto, los gobiernos conservadores de esos dos países, han violentado a sus jueces y reducido su independencia cuando se ocupan de asuntos penales que afectan al poder político. La UE se ha quejado de esos atropellos, pero no ha pasado de una verborrea quejosa. ¿Consecuencias? Que el primer ministro autoritario húngaro ha arrasado en las elecciones, y que España ha sufrido un golpe severo en Alemania.
Sólo una niebla nacionalista ha podido enturbiar la mirada de unos jueces alemanes, conocidos por su formidable cultura legal y democrática. Los párrafos de su resolución son una broma, sino fuesen tan desgraciadamente importantes: “…los actos violentos producidos el día de la votación (en Cataluña el 1º de octubre) no fueron suficientes para presionar al Gobierno de tal modo que éste se viera forzado a capitular ante las exigencias de los violentos”. La estúpida redacción de los jueces de Schleswig-Holstein les conduce a sostener que un golpe de Estado sólo existe si triunfa. Hitler y los nazis triunfaron dando un golpe de Estado que fue un golpe parlamentario, y en eso Puigdemont y sus secuaces catalanes no son diferentes, pero nada de eso impresionó al tribunal de Schleswig-Holstein, instalado en su rutinario confort de esa Europa egoísta, ajena a todo lo que no sea su doméstica rutina.
Esa rutina explica los considerables errores de Rajoy y sus ministros en el problema catalán. El Gobierno no ha tenido política, y eso no significa que echemos en falta un diálogo con los culpables de delitos, sino aquello que se espera de un Gobierno: poseer y explicar su estrategia política ante esos delitos. El presidente Puigdemont y sus secuaces aprobaron el 6 de septiembre pasado la Ley 19/2017, por la que se convocaba “un referéndum de autodeterminación en Cataluña”. ¿Por qué entonces el Gobierno, que él solo tenía mayoría absoluta en el Senado, no actuó con el 155 de la Constitución ante un golpe de Estado parlamentario? No se habría celebrado la consulta ilegal, y los delitos de los que venimos hablando no habrían tenido lugar. El Gobierno no supo actuar entonces, y, además, algunos presuntos delincuentes se escaparon delante de sus narices.
“Sea cual sea el desenlace final de la aventura secesionista, lo único que parece seguro es que va a terminar mal para Cataluña y para España”, termina así uno de los capítulos del libro de Jordi Canal. ¿Hasta cuándo soportaremos tanta inercia?