El Estado, cuya política interior y exterior dirige el Gobierno, ha considerado que el golpe de Estado en Cataluña debía afrontarse, sobre todo, mediante instrumentos jurídico-procesales: los recursos ante el Tribunal Constitucional contra las decisiones ilegales y, por ende, inconstitucionales del Parlament de Cataluña, los procedimientos penales seguidos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la aplicación del art. 155 de la Constitución, etc.
Los nacionalistas, en cambio, llevan décadas fraguando este golpe a través de la cultura, el sistema educativo -cuya entrega fue una de las mayores irresponsabilidades de la historia contemporánea de España- y los medios de comunicación. Desde la manipulación del lenguaje hasta la ficción televisiva, el nacionalismo se ha servido de todos los medios a su alcance para ganar la hegemonía cultural en Cataluña y construir un marco de discurso construido sobre la demonización de la idea de España.
Así, la propia naturaleza de la acción nacionalista muestra la insuficiencia de la reacción gubernamental. Ahí sigue la agitación en las calles, el uso político de la Administración autonómica en Cataluña, la propaganda fuera de España, etc. El goteo de fugados que desafían al Estado desde el extranjero -Puigdemont es el más ruidoso, pero no el único- va acompañado por la presión contra los jueces que investigan el golpe, el hostigamiento a los opositores y el discurso de odio contra España y los españoles dentro y fuera de nuestro país. En efecto, no todo es un debate jurídico. Además de vencer en los tribunales, el Estado ha de rescatar la cultura de las manos nacionalistas.
En torno a la producción audiovisual, editorial y artística se ha construido una fábrica de contenidos antiespañoles sostenidos gracias a subvenciones y ayudas públicas de la Generalitat de Cataluña. El imaginario de las ciudades trata de invisibilizar a España salvo para aborrecerla. Por supuesto, no se han ahorrado mentiras como las vertidas por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau contra el almirante Cervera, cuya calle ha cambiado su nombre por el de un cómico filonacionalista.
El último episodio de esta lucha por el aparato simbólico que los nacionalistas llevan librando décadas y que el Estado sólo ahora percibe tímidamente, ha sido una polémica en torno a Eurovisión. El cantante que va a representar a España en el certamen ha regalado a otra cantante un libro de un cantautor de Sabadell cuyo título es “España de mierda”. Por supuesto, los tres han empleado la polémica para publicitarse y ganar notoriedad a costa de nuestro país. Pocas cosas rinden tantos beneficios hoy como denigrar a España; sobre todo, entre ciertos sectores que pretenden ser “la Cultura”.
Por supuesto, alguien que regala un libro así y contribuye a promocionarlo con la polémica no debería representar a España en ningún sitio. Al igual que sucedió el año pasado, por tanto, se ha dejado pasar la oportunidad de mostrar el verdadero rostro de España para exhibir, una vez más, a quienes no dejan pasar ninguna oportunidad de ofender al país al que se lo deben todo. Por supuesto, uno podría pensar que lo importante es el talento de quien canta, pero cabría hacer dos objeciones. La primera es que Eurovisión no es sólo un festival, sino una gran operación de comunicación persuasiva, cuya relevancia política no debe soslayarse. La segunda es que hay otros muchos cantantes que verían un honor representar a España y lo harían con orgullo y decoro. No hay por qué ceder un espacio simbólico a quienes sólo lo van a emplear para hacer daño.
Así, mientras no se afronte la cuestión cultural con la decisión y el rigor que exige, los nacionalistas y sus amigos seguirán imponiendo su hegemonía en el discurso público.