El Banco de España considera que existe margen para considerar una "revisión y definición" de la cesta de impuestos que favorezca el crecimiento potencial y que palíe la menor recaudación de IVA e impuestos especiales de España respecto a la media de la UE.
En su Informe Anual de 2017, la entidad pone de manifiesto que España cuenta con un menor peso sobre el PIB de la imposición al consumo que la media europea, lo que se manifiesta tanto en los ingresos por IVA como por impuestos especiales, en particular medioambientales.
Además, señala que el sistema impositivo español cuenta con un nivel de beneficios fiscales elevado, lo que deriva de la existencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos que tienden a generar pérdidas de recaudación y "posibles distorsiones sobre la eficiencia y la equidad".
El Banco de España enmarca la sugerencia de revisar el sistema fiscal en la necesidad de mejorar la calidad de las finanzas públicas para que puedan contribuir en mayor medida al crecimiento económico.
Por el lado del gasto, asegura que "parece existir margen" para seguir avanzando en una mayor eficiencia del gasto público, reorientando su composición hacia aquellas partidas con mayor incidencia positiva sobre la productividad.
El déficit de las cuentas públicas es todavía unos de los desequilibrios que tiene que afrontar la economía española, según el Banco de España, que ve prioritario cumplir las reglas fiscales europeas y continuar el proceso de consolidación fiscal.
Al respecto, el Banco de España ha recordado que la salida del procedimiento de déficit excesivo implicará una redefinición de la senda de ajuste fiscal más exigente.
Eso incluirá que el déficit estructural se reduzca a un ritmo anual del 0,5 % del PIB, en tanto que la deuda pública tiene que disminuir cada año una veinteava parte de la distancia con la referencia de medio plazo del 60 % del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
El Banco de España considera que si los ingresos del sistema de la Seguridad Social no crecen muy significativamente será imposible mantener las tasas de sustitución actuales de las pensiones públicas (importe de la pensión respecto al último salario), cuyo descenso podría llegar a 20 puntos en 2060.
En su Informe Anual de 2017, la entidad señala el envejecimiento de la población como el mayor reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que las pensiones, la sanidad y los cuidados de larga duración generarán un incremento del gasto publico en las próximas tres décadas de hasta 3,5 puntos del PIB.
A juicio del Banco de España, la reforma de las pensiones de 2013, que ligó su revalorización a la situación financiera del sistema e introdujo el factor de sostenibilidad para adecuar la pensión inicial a la esperanza de vida, facilitará la reducción del déficit de la Seguridad Social y contrarrestará significativamente el aumento de la tasa de dependencia a largo plazo.
Para la entidad, cualquier nueva reforma de las pensiones debe mantener un "mecanismo de ajuste automático" que garantice las pensiones a futuro, además de aumentar la transparencia del sistema y reforzar su contributividad (relación entre contribuciones y prestaciones).
En su opinión, la clave reside en acordar la tasa de sustitución que se pretende asegurar y adecuar los ingresos para que la sostenibilidad de las pensiones quede garantizada.