Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, ha confirmado en Catalunya Ràdio que la Policía está llevando a cabo en estos momentos una macrooperación centrada en una trama de corrupción que presuntamente desvió subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a proyectos en países en desarrollo a otros beneficiarios que, a su vez, podrían haber destinado esas cantidades a financiar actividades relacionadas con el procés.
Según fuentes consultadas por El Mundo, cargos de Convergència se habrían beneficiado de esta trama corrupta, aunque matiza que, en principio "no habría servido para financiar el proceso soberanista". TV3 también apunta lo mismo: "Fuentes judiciales confirman que la macrooperación no es sobre el procés, sino sobre el presunto desvío de fondos vínculados a CDC".
La policía judicial está llevando a cabo una investigación por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. Por ahora han sido detenidas 28 personas, entre ellas el diputado de JxCat Francesc de Dalmases.
Según La Vanguardia, entre los arrestados también está el presidente de la Diputación de Barcelona entre 2011 y 2015, Salvador Esteve. También se destacado la detención de Joan Carles García, alcalde de Tordera por CiU (Barcelona) y diputado provincial de Barcelona, así como Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, fundador de la entidad CATmón y vinculado al mundo de la cooperación internacional así como a Guadalupe Moreno Iturriaga, jefa de la Oficina de Cooperación y Desarrollo de la Diputación de Barcelona.
Igualmente, han sido arrestados el subdirector de Cooperación Local de la Generalidad y exdirector de la Diputación de Barcelona Jordi Castells, a quien las fuentes consultadas consideran uno de los máximos responsables del desvío de fondos.
Los registros se están realizando por ahora en la Diputación de Barcelona, sedes de la Generalidad, entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas.
Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y de otras unidades de la Policía Nacional, unos 500 agentes en total, participan en esta operación que se está llevando a cabo en Barcelona y en otras localidades catalanas.