El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar en calidad de investigadas, entre el 11 y el 22 de junio, a 23 personas por el caso del 3 por ciento, entre ellos altos cargos de Convergencia Democrática de Cataluña en la época de los hechos, y empresarios que contribuyeron “a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente al partido político, en forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concurso públicos, con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con "donaciones" al partido”
El magistrado, que también instruye el caso Pujol, ha ordenado así las primeras diligencias desde que asumió la investigación de esta causa, que llevaba un juzgado de El Vendrell (Tarragona), al entender que es competencia de la Audiencia Nacional porque la red del 3 % pudo alterar la economía nacional.
En esta causa, explica el juez, se están investigando conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.
Entre las personas investigadas que cita el juez de la Mata se encuentran Francesc Xavier Sánchez Vera, quien ostentaba el cargo de responsable económico y jurídico de CDC; Anna Dolors, jefa económica financiera de CDC y Carles del Pozo Cerda, gerente y coordinador de Área Económica de CDC.
Además, está citado el exresponsable económico y jurídico del partido Francesc Sánchez, que es el abogado de Víctor Terradellas, detenido ayer en una macrooperación por el desvío de más de 2 millones de la Diputación de Barcelona con CiU y socio del diputado de JxCat Francesc Dalmases, uno de los parlamentarios del entorno de máxima confianza del expresidente Carles Puigdemont.
El juez considera que Sánchez contribuyó "a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido en forma encubierta mediante 'donaciones' a fundaciones ligadas a CDC (Cattdem y Forum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia empresas que colaboraban con 'donaciones' al partido".
Además, varios altos cargos de la empresa pública municipal BIMSA, la directora de contratación y fianzas de infraestructuras.cat, Pilar Matesanz, el presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona durante dos de los concursos investigados, Sixte Cambra, así como el exvicepresidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Barcelona, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y expresidente de BIMSA, Antoni Vives.
Todos ellos declararán sobre el presunto pago de comisiones de empresas donantes de Convergència a cambio de la adjudicación de obras, como el túnel de Glòries o la ampliación del Puerto de Barcelona, en la etapa en que el convergente Xavier Trias ostentaba la alcaldía de la capital catalana.
Los empresarios que se beneficiaron de las adjudicaciones sospechosas que tendrán que ir ante el juez De la Mata son Ambrosio Martínez (Copisa), José María Zaragoza y Pedro Javier del Llano (Oproler), Ramón Anglada (Rubau), Joan Albert Arqués (Benito Arnó), Antonio Cañellas (Construcciones Deco), Ramón Blázquez (Certis), Joan Maria Pujals (Impulsa Grup), Antonio García Bragado (Tec Cuatro), Jordi Soler (Grup Soler) y Jordi Durán (Urbaser).