El presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha firmado un nuevo decreto de nombramiento de los consellers que formarán su Govern, sustituyendo a los que se encuentran en prisión -Jordi Turull y Josep Rull- y a los que se encuentran huidos en Bélgica -Toni Comín y Lluís Puig-.
El nombramiento se ha producido horas después de que el Gobierno ratificase a la Generalidad que no publicaría el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Quim Torra ya que el informe encargado a los servicios jurídicos del Estado avala que la decisión del president no se ajusta a la legalidad.
El Ejecutivo no había publicado el decreto con los consejeros de Torra debido a que dos de ellos se encuentran en prisión y otros dos huidos de España, y había solicitado un informe a los servicios jurídicos del Estado para determinar si debía hacerlo finalmente o no.
La Generalidad ha anunciado los nuevos nombramientos en un comunicado en el que señala que el nuevo Govern adoptará en su primera reunión "la decisión de interponer una querella por prevaricación contra el presidente Mariano Rajoy por impedir la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC) del anterior decreto de nombramiento de los consellers.
Asimismo, anuncia que en esa primera reunión el Consell Executiu "impugnará la aplicación del artículo 155 en su conjunto" y "presentará alegaciones contra la impugnación por parte del Gobierno español de once leyes de alto contenido social durante el periodo en el que ha estado vigente este artículo".
Señala también que "los consellers encarcelados y exiliados han hecho llegar al presidente de la Generalidad, Quim Torra, un mensaje en el que expresan su voluntad de darle su confianza y piden que las instituciones catalanas se vuelvan a poner al servicio del pueblo de Cataluña lo antes posible".
Agrega que Rull, Turull, Comín y Puig "reafirman que siempre han querido formar parte de la solución y no del problema", que "se sienten en todo momento legitimados" y que "se sienten consellers legítimos del Govern de Cataluña y que ni el torpe artículo 155 ni el mal uso que se está haciendo del Derecho y la Justicia por parte de los tribunales españoles puede disuadirlos de esta convicción".
Recalca asimismo que los cuatro "consideran un despropósito la voluntad de bloquear 'sine die' la formación del Govern de Cataluña, ya sea por la no publicación en el DOGC o con la aplicación de la prisión preventiva y, por lo tanto, impedir la toma de posesión y el ejercicio del cargo".
"Finalmente, los consellers piden que no se deje en ningún momento de reivindicar la restitución del Govern legítimo que fue destituido ilegalmente e ilegítimamente con la aplicación del artículo 155", señala también el comunicado del Departamento de la Presidencia de la Generalidad.
El Gobierno ha reivindicado hoy su firmeza y determinación para defender la legalidad ya que cree que eso es lo que ha permitido que Cataluña pueda contar a partir de ahora con un Govern "en condiciones de cumplir sus obligaciones y atender sus responsabilidades".
Fuentes del Ejecutivo han hecho hincapié en que esa posición del Gobierno de Mariano Rajoy es la que ha obligado al presidente catalán, Quim Torra, a rectificar y proponer hoy una nueva lista de consejeros.
Entre ellos ya no hay ninguno en prisión ni huido de España, por lo que el Ejecutivo deberá publicar en el Diario Oficial de la Generalidad el decreto con esos nombramientos.
Las fuentes citadas han recalcado que el Gobierno ha venido defendiendo el cumplimiento de la legalidad en todo momento y eso es lo que le llevó a no publicar el decreto de nombramiento de los consellers propuestos por Torra inicialmente.
Adoptó esa decisión porque entre ellos figuraban Jordi Turull y Josep Rull (ambos en prisión), así como Toni Comín y Lluís Puig, que permanecen huidos en Bélgica.
No obstante, el Gobierno solicitó un informe a los servicios jurídicos del Estado para determinar si podía seguir negándose a publicar el decreto con los consejeros.
Un informe que la Abogacía del Estado concluyó ayer y que avalaba la no publicación de la lista porque no se ajustaba a la legalidad que en ella hubiera esos consejeros encarcelados o fuera de España.
Hoy mismo el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, había remitido una carta al secretario del Govern, Víctor Cullell, en la que defendía el "control de legalidad" que sigue teniendo el Gobierno sobre los actos de la Generalidad a consecuencia del 155 y en la que aseguraba que esos nombramientos no tienen viabilidad jurídica.
El Gobierno, tras constatar esa viabilidad de la nueva lista de consejeros propuesta ahora por Torra, publicará el decreto correspondiente y se levantará automáticamente el 155. Desde el momento de su publicación, dejará de aplicarse en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, tal y como acordó el pleno del Senado después de avalar al Gobierno para recurrir al mismo ante la situación que vivía Cataluña.