A Pedro Sánchez no paran de crecerle los enanos, y eso que todavía no ha tomado posesión de su cargo. El hasta ahora líder de la oposición sabía que para sacar adelante la moción de censura contra Rajoy debía pagar un peaje, máxime tras pactar con un conglomerado de partidos tan heterogéneo, que abarca desde la extrema izquierda al nacionalismo más recalcitrante, sin olvidar al populismo.
Los primeros que han dejado clara su posición han sido sus principales socios para la moción: "Quiero pensar que Pedro Sánchez será responsable y organizará un gobierno estabilizador", dejaba caer este viernes Pablo Iglesias recordando al líder socialista lo complicado que lo tiene con tan solo 84 diputados.
Pese a que Unidos Podemos ha celebrado la victoria de Sánchez como si fuera propia, los de Iglesias esperan como agua de mayo que el nuevo presidente les llame para gobernar juntos, pero si no ocurre ya avisan que serán "oposición".
De momento, Pablo Iglesias ha dejado que Sánchez se tome su tiempo y decida cuáles son sus planes sin más presión que mostrarle su disponibilidad. Han quedado en hablar en los próximos días, pero el deseo del líder de Podemos es que la legislatura se asegure hasta 2020 con un programa de rescate ciudadano y una agenda social y territorial, y que el nuevo presidente cuente con Unidos Podemos para gobernar.
Sin embargo, por lo que ha dicho hasta ahora, Sánchez no se va a hacer eco de esa petición de los morados porque pretende conformar un gobierno del PSOE, y a la espera de ver confirmada esa decisión, Podemos hace suyo el logro de haber forzado la salida de Mariano Rajoy.
Los que no han tardado ni 24 horas en dar la espalda al inminente presidente de España, son los partidos independentistas. PDeCAT, EH Bildu, ERC y Compromís registrarán hoy sendos vetos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 en el Senado porque consideran que no responden a la desigualdad y que incluso la "cronifican".
"Un Gobierno débil presenta unos Presupuestos débiles y de escasa proyección hacia el futuro", argumenta el documento del PDeCAT, que expresa también que no son los que necesita España ni Cataluña en la actual coyuntura económica, social y política que requiere de "estrategias ambiciosas, bien construidas y consensuadas".
Además, el presidente de Cataluña, Quim Torra, ha comunicado a los exconsejeros Rull y Turull que su "propósito es que en el momento en que pueda hacer efectivo su nombramiento serán inmediatamente incorporados en el seno del Govern de Cataluña". Algo que no ha podido hacer hasta ahora, según admite, porque se ha visto "obligado" a firmar un segundo decreto de nombramiento de consellers para "desbloquear" la situación que había provocado "de manera ilegal" el gobierno de Mariano Rajoy
ERC utiliza el mismo argumento para presentar su veto ya que minimizan la inversión en Cataluña, a la par que buscan la recentralización del Estado y consolidan las desigualdades sociales. La distribución de las inversiones supone, en su opinión, más discriminación y consolidan una apuesta por el centralismo.
EH Bildu también ha presentado veto a las cuentas en el Senado por considerar que los Presupuestos "cronifican" la desigualdad y tienen como grandes beneficiados la inversión en infraestructuras, los gastos en defensa, la Casa del Rey o los servicios secretos.
El veto de Compromís argumenta que los Presupuestos no se han elaborado con "visión de repartir el dinero de todos en las necesidades de todos", sino para pagar bancos, rescatar autopistas, financiar a empresas de armamento o "partidos mercenarios que venden su voto a cambio de inversiones territoriales".
Estos vetos chocan con los intereses de Sánchez, que este jueves afirmaba que mantendría los presupuestos por "responsabilidad", en un evidente guiño al PNV, después de que su partido se haya posicionado en contra en los útlimos meses.
Del mismo modo, tampoco han esperado mucho los sindicatos en reclamar cambios significativos en materia laboral tras el daño que ha hecho, argumentan, la última reforma del mercado de trabajo. Así, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya ha instado también al nuevo presidente del Gobierno a poner las bases para una nueva política fiscal y a introducir cambios en la legislación laboral.
Conocedor de que Sánchez tiene escaso margen en el ámbito presupuestario, Sordo cree que debe actuar prioritariamente en el ámbito de la legislación laboral y la política fiscal a medio plazo: "Le instamos a buscar una nueva política fiscal para encontrar más margen en el medio plazo para distribuir mejor la riqueza".
Otros que ya están preguntadno "qué hay de lo mío", son los animalistas de Pacma, quien han pedido a Sánchez que "ahora sí" apruebe la Ley General de Bienestar y Protección de los Animales, la llamada Ley Cero que este partido presentó hace un año y que no llegó a tramitarse.
En un comunicado, Pacma ha calificado de "paso histórico" el cese de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo y ha explicado que, "como primera fuerza extraparlamentaria", ha apoyado la moción de censura "siempre con el deseo de abrir un nuevo camino en nuestra lucha en favor de los animales, la justicia social y el medio ambiente".
Al nuevo Gobierno le ha exigido "la capacidad de llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas para llevar adelante los cambios que el Partido Popular ha rechazado impulsar" y ha resaltado la necesidad de "trabajar en una nueva cultura política del diálogo, garantizar la igualdad y combatir el cambio climático".
Los animalistas consideran "inaplazable" que el Congreso de los Diputados apruebe, "ahora sí", la Ley General de Bienestar y Protección de los Animales, la Ley Cero que persigue políticas de "tauromaquia 0, circos 0 y sacrificio 0" y han recalcado que se mantendrán "firmes" en sus pretensiones.
Hace un año, Pacma presentó esta ley en el Congreso pero "no llegó a tramitarse, dada la inquebrantable defensa de la caza y la tauromaquia" del PP, explica el comunicado, que insiste en que "ha llegado la hora de dar un paso adelante en favor de los animales".