el gobierno no está conforme
Viernes 18 de julio de 2008
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que "la mayor parte" de los inmigrantes que podrían acogerse a este plan proceden de Marruecos, Ecuador y Colombia, aunque España tiene suscritos convenios de Seguridad Social con 19 países en total.
Los trabajadores que se acojan a esta propuesta del Gobierno percibirán un adelanto del 40 por ciento de su prestación de desempleo antes de abandonar España, y el resto, un mes después de llegar a su país. El objetivo del plan es favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional, y también con ciertos recursos para continuar trabajando allí, precisa la referencia del Gobierno.
Los que se acojan tendrán que esperar tres años antes de solicitar una nueva autorización para vivir y trabajar en España, aunque pasados cinco años, "tendrán derecho preferente para volver y formar parte del contingente" de empleo, ha precisado la vicepresidenta. La iniciativa, que es de "carácter permanente y no coyuntural", "no anula ni sustituye", sino que "complementa" a los otros planes de retorno previstos en el Reglamento de la Ley de Extranjería.
Además, la vicepresidenta ha asegurado que se trata de una medida "justa y voluntaria, pensada por igual para beneficiar al trabajador, a su país y al nuestro" y que "se suma a otras similares aplicadas en otros países de nuestro entorno", ha precisado.
La directiva europea: "eficaz y humana"
En esta línea, la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, dijo que la directiva de retorno de inmigrantes en situación irregular aprobada por la Unión Europea (UE) es "eficaz y humana". A diferencia de lo que opina el Gobierno español sobre esta directiva, la comisaria también sostuvo que los derechos de los inmigrantes están "claramente mejor" con esa normativa.
"Saludo esta directiva como elemento clave de la construcción de una política de inmigración común que organiza la emigración legal, favorece la integración y lucha contra la inmigración irregular", señaló Ferrero-Waldner en su intervención en el Foro Nueva Economía.
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