Tras llegar el PSOE al Gobierno con la bandera de la “regeneración democrática y la transparencia”, Máxim Huerta no tenía más remedio que dimitir al descubrirse que había sido condenado por un fraude fiscal de más de 218.000 euros. Pedro Sánchez, que durante la mañana de este miércoles intentó mantenerlo en su puesto, terminó cediendo ante las presiones de dirigentes de su propio partido y las duras críticas de todos los grupos de la oposición. No se trata de una dimisión ejemplar, por mucho que se empeñe el diario gubernamental.
Al presidente del Gobierno le ha durado una semana la fanfarria de la puesta en escena de su nuevo Gobierno. El nombramiento del ya exministro de Cultura fue criticado por excesivamente mediático. La supuesta popularidad de Máxim Huerta, un simpático tertuliano televisivo, no parecía bagaje suficiente para formar parte del Consejo de Ministros. Pero Pedro Sánchez, que se estuvo resistiendo durante todo el día de ayer, se vio obligado a dejarlo caer al descubrirse la artimaña del ministro de Cultura al crear (“de mala fe”, según la sentencia), una sociedad para eludir el pago de impuestos. Sobre todo, cuando se publicaron unas declaraciones del presidente del Gobierno en 2015, sobre los tejemanejes fiscales del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Dijo entonces Sánchez: "si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Es mi compromiso con los votantes y los españoles”. Pues lo tenía.
Como desveló “El Confidencial” en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, Máxim Huerta defraudó al fisco cuando trabajaba como presentador en “El programa de Ana Rosa” de Telecinco. Así lo establecen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitidas en mayo de 2017. La inspección de Hacienda concluyó que en esos tres años fiscales habría facturado un total de 798.521 euros por medio de una sociedad de la que es único accionista y administrador desde enero de 2006. Facturó 207.920 euros en 2006, 287.095 en 2007 y 303.506 en 2008. Luego, intentó deducirse pagos por obras de una casa de verano que tiene en Alfaz del Pi (Alicante) como si se tratara de gastos de la sociedad.
Máxim Huerta podría haberse ido como llegó, con una sonrisa. Pero en su comparecencia ante la Prensa, en lugar de reconocer que había cometido un delito fiscal, se mostró arrogante, se declaró inocente, denunció una imaginaria “caza de brujas” y se inventó que se había producido un cambio de criterio fiscal, algo absolutamente falso. Aún peor, achacó a “los ataques de la jauría” las críticas a su fraude fiscal. No se refería a la jauría que había puesto una moción de censura a Cristina Cifuentes por un máster, ni a la jauría que había derribado a Mariano Rajoy mediante una moción de censura. Se trataba de la “jauría que quería derribar el proyecto renovador de Pedro Sánchez”.
Pero es el propio Pedro Sánchez el verdadero responsable de esta crisis política. El presidente del Gobierno, aunque muy legítimamente, improvisó una moción de censura para colarse en La Moncloa al precio que fuera y formó un Gobierno con pesos pesados de la política, que luego quiso “adornar” con rostros mediáticos y coloridos. Máxim Huerta nunca debió ser nombrado ministro de Cultura. Y nunca debió anunciar su dimisión mintiendo y acusando a los medios de comunicación de haber descubierto su fraude fiscal. No es “la jauría”. Es la libertad de información y de expresión, el pilar de la democracia. Debería recordarlo ahora que vuelve a ejercer el Periodismo.