Avanzan los trámites para acercar a los presos independentistas a cárceles catalanas. El ministerio de Fernando Grande-Marlaska se ha puesto en contacto con el juez Pablo Llarena para conocer si el magistrado del Tribunal Supremo tiene previstas más diligencias.
Únicamente se refiere a Jordi Sànchez; al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y a la exconsejera Dolors Bassa.
El juez que instruye la causa abierta sobre el procés ha contestado al escrito de Interior que la decisión de trasladar a los presos corresponde al Gobierno. En una providencia, Llarena responde que no existe "razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación".
Los directores de los centros penitenciarios en los que estos cuatro procesados se encuentran internos (Soto del Real y Alcalá Meco, ambos en Madrid) solicitaron a Llarena que informara sobre la existencia de algún inconveniente para proceder al traslado, lo que supone el primer trámite para el supuesto acercamiento de los presos a Cataluña.
Grande-Marlaska afirmó hace unos días que del Gobierno no dependía el traslado, sino de Llarena, quien matizó las palabras del ministro al indicar que esa decisión la debe adoptar Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, que se ha puesto en comunicación con el magistrado del Supremo a través de un escrito.
El Ejecutivo ha defendido hasta ahora una posición de diálogo con el Govern para recuperar la normalidad y se ha mostrado partidario del acercamiento de los presos del procés porque "es razonable para que estén cerca de sus familias y letrados", en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El propio Sánchez facilitó las gestiones para que Pablo Iglesias pudiera visitar esta semana a Jordi Cuixart en Alcalá Mecó, la primera de las visitas a los presos soberanistas que ha programado el líder de Podemos, que se presenta en la cuestión catalana como un mediador.
La oposición ha pedido al presidente del Gobierno que dé explicaciones en el Congreso sobre cuáles son sus planes para acercar a los encarcelados. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha calificado de "humillante" para los españoles que han "sufrido los insultos y el desprecio" de los independentistas la posibilidad acercarlos a Cataluña.
Según Hernando, el traslado de los presos demuestra que Sánchez "está obligado a pagar un precio" por los apoyos en la moción de censura, y le ha pedido que comparezca para saber "cuáles son sus pactos con los independentistas".
La medida afecta al exvicepresident catalán Oriol Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el diputado y expresidente de ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.