Hay gente que habla de paz y gente que trabaja por la paz. La Armada trabaja por la paz. Lleva la voluntad pacífica de los españoles a cosas como rescatar náufragos o eliminar la piratería. En lo tocante a trabajar por la paz poca gente puede darnos lecciones. Así respondía el almirante de la Flota de la Armada, sobre la cubierta del Juan Carlos I, al periodista que le cuestionaba la presencia de un buque de guerra durante los últimos Juegos Mediterráneos en Tarragona.
El pacifismo, en efecto, es una milicia. Y al medio para conquistar su fin se le llama lucha. Esta presenta, en el diverso quehacer humano, frentes de armas y frentes de letras. Sólo un gobierno de hilanderas intentaría ocultar esta verdad a un pueblo en quiebra. Y sólo gente ovejuna se dejaría esquilar en dicho trance verdad tan soberana. Una realidad que se muestra evidente en el sustrato agonal de todo juego deportivo. Pero que traigo aquí a colación de la lucha por el derecho en un caso muy concreto. El de la justicia española contra el expresidente autonómico que se creyó por encima de la Nación que le sostenía.
La lucha por el derecho (1872) es un clásico del pensamiento jurídico. Su autor fue el letrado alemán Rudolf von Ihering (1818-1892), de quien el próximo agosto se cumple el bicentenario de su nacimiento. Ihering nació además en la Baja Sajonia, región vecina de Schleswig-Holstein, esa otra cuya Audiencia territorial no quiere extraditarnos al golpista que lleva en la acústica de su apellido el delito que le imputa nuestra justicia; pues un putsch es un golpe de Estado.
¿Aceptará el juez Llarena que le entreguen al expresidente rebelde sólo por malversación? ¿Cuándo y cómo acabará todo esto? Nadie puede saber más que una cosa. El camino será difícil y penoso. Pero como diría Ihering, tampoco debemos dolernos por ello: “Porque la energía y el amor con que un pueblo defiende sus leyes y sus derechos está en relación proporcional al esfuerzo que le haya costado alcanzarlos (…) Y en este sentido la lucha que exige el derecho para hacerse práctico no es un castigo, sino una bendición”.
Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha, explica Ihering: “Esos principios que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos por la lucha a los que no los aceptaban. Por lo que todo derecho, tanto el de un pueblo como el de un individuo, supone que ambos están dispuestos a defenderlos. El derecho no es una idea lógica, sino una idea de fuerza; de ahí que la justicia sostiene en una mano la balanza donde pesa el derecho, y en la otra la espada que sirve para hacerlo efectivo”.
Y esta tarea sin descanso que es el derecho –continua Ihering–, no corresponde solamente a los poderes públicos, sino también a todo el pueblo: “Pues todo hombre que lleva en sí la obligación de mantener su derecho toma parte en este trabajo nacional, contribuyendo en lo que puede a la realización del derecho sobre la tierra”.
Un deber, como sabía Ihering, que sin embargo no se impone a todos en las mismas proporciones. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, hace ocho meses “la política y las doctrinas de un fatalismo perezoso y enervante” cargaron sobre los hombros de un juez del Tribunal Supremo la tarea vertebral de todo un pueblo. Y luego, al ver que resistía por el derecho, quisieron que renegara del mismo. Todavía sigue en pie donde ellos cayeron.
Hoy tiene España nuevo Gobierno, de conocida doctrina sobre el título de su indisoluble unidad. Consiste en alternar a la mesalina y la Ramoneta, el referéndum con la rojigualda. Es la política del Dr. Sánchez y Mr. Castejón. En fin. Están en posesión del esférico y dominan el código. Lo escribió Clarín en el prólogo a la primera edición española de La lucha por el derecho (1881): “Lo primero que se le hace al pueblo con su soberanía es ponérsela donde no la vea”. El resto entra solo. Es el todos contra todos en la lucha de los estúpidos.