La ausencia de una política migratoria coherente y la consecuente inmigración descontrolada que vienen padeciendo distintos países europeos y, especialmente, los ribereños del Mediterráneo amenaza con herir de muerte el proceso de construcción europea, que lleva detenido desde el agotamiento de la última ampliación y va dando signos claros de debilidad.
En efecto, el peso de la opinión pública y la necesidad de hacer gestos que parecen populares pero que, a la larga, generan descontento llevó a Angela Merkel a acoger a más de un millón de refugiados cuya integración en Alemania resulta cada vez más difícil. Eso mismo, en otra escala, le sucedió al Gobierno español con la acogida del “Aquarius” en el puerto de Valencia. Lo que había de interpretarse como una acción humanitaria transmitió el mensaje equivocado: la nueva puerta de entrada -cerrada la ruta de los Balcanes y la del sur de Italia- era España. Un mes más tarde, se ha producido una avalancha de gravísimas consecuencias en Ceuta y la llegada casi diaria de embarcaciones a las costas de Andalucía.
Advirtamos, en primer lugar, que a España confluyen flujos migratorios debidos a causas muy diversas que van desde conflictos armados y el deterioro ambiental bajo la forma, por ejemplo, de sequías hasta el empobrecimiento extremo de algunos países africanos y asiáticos. A esto se suman corrientes migratorias desde los países hispanoamericanos con los que España viene manteniendo vínculos históricos. Sería el caso, por ejemplo, de los venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Incluso cabría pensar, con Julián Marías, que los españoles y los hispanoamericanos somos más forasteros que extranjeros cuando nos movemos entre España e Hispanoamérica. Así, el nuestro es un país que, por su posición geográfica y su historia está llamado a ser tierra de emigración y de acogida según el periodo que se escoja. Por cierto, eso no debería olvidarse: hubo un tiempo no muy lejano en que los que emigraban a otros lugares eran los españoles.
Sin embargo, abrirse paso con violencia a través de una frontera no es emigrar. Se parece más a invadir o a allanar y, desde luego, no hay Estado que pueda consentirlo. La línea que separa la necesidad humanitaria de la irrupción ilegítima debería radicar en la violencia. Si unas personas golpean y queman a los guardias civiles que protegen la frontera -como es obligación de todos los países de la Unión, nótese bien- uno puede preguntarse qué harán a los demás ciudadanos una vez hayan logrado penetrar en el territorio nacional y quedarse. Un Estado no puede permitir entradas violentas en su territorio.
Sin duda, debe haber mecanismos de regularización para situaciones excepcionales -la ley española las prevé- pero el mensaje de que quien llega sea como sea se termina quedando está provocando un efecto llamada perverso que conducirá al resentimiento de los nacionales y al avance del discurso xenófobo que está proliferando en otros países europeos. Por supuesto que los primeros culpables de la xenofobia y el racismo son los racistas y los xenófobos, pero las políticas irresponsables como la que viene siguiendo la Unión Europea están agravando el problema.
Pongamos un ejemplo.
El pasado 28 de junio los países de la Unión acordaron en Bruselas construir campos de acogida en el norte de África para las personas expulsadas de la Unión o rescatadas en alta mar. Lo hicieron sin negociar con Argelia, ni con Marruecos, ni con Túnez, ni con Egipto. Al parecer, no creyeron que recabar el consentimiento previo de los países de la orilla sur del Mediterráneo fuese relevante para dar solución a un problema que está asfixiando a Ceuta, a Melilla y al sur de la Península. Esta falta de perspectiva -que no es sólo económica sino también política- es la que lleva lastrando mucho tiempo la política migratoria.
Por otro lado, España debe rediseñar su política -en el plano de su competencia- teniendo en cuenta que ninguna sociedad puede integrarse sin ciertos elementos comunes que faciliten esa integración. En este sentido, los países hispanoamericanos deberían tener un tratamiento distinto de otros. Las afinidades lingüísticas, culturales, religiosas e históricas, entre otras, facilitan una integración que en otros casos puede, simplemente, fracasar como ha sucedido en Bélgica y en Holanda con la aparición de guetos y “no go zones”.
España debe cumplir todas sus obligaciones humanitarias, pero el uso de la violencia para cruzar las fronteras debe ser una línea roja que no puede tolerarse. Es necesario rediseñar tanto en el plano europeo como en el nacional una política coherente que parta de la realidad geográfica e histórica de España, fomente el desarrollo de los países empobrecidos, construya alianzas con los vecinos de la orilla sur del Mediterráneo y evite, como viene sucediendo ahora, que las entradas en el territorio nacional las marquen operaciones de trata de seres humanos, crisis humanitarias y asaltos violentos a las vallas de Ceuta y Melilla.