Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales de toda España, excepto las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), se han enfrentado al Ejecutivo de Pedro Sánchez después de que éste tomase la decisión de no defender al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Bélgica frente al ataque de los independentistas. Así, han suscrito un comunicado conjunto en el que acusan al Ejecutivo de "dejación de funciones" y le insta a adoptar todas las medidas jurídicas necesarias para garantizar la defensa del juez Llarena pues, determinan, es su "obligación".
Este comunicado, elaborado inicialmente por la asociación mayoritaria -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el magistrado- ha sido firmado también por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
El comunicado se ha hecho público después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurase que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena en Bélgica, pero dejara claro que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.
En este sentido, el informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra Llarena, defiende que concurren los requisitos para que España se persone en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condiciona dicha personación a los términos en los que resulte admitida la demanda.
El Ministerio de Dolores Delgado anunció este jueves que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la justicia belga pero que "en ningún caso" ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por "actos privados que se le atribuyen" en la demanda, que ha sido promovida por el expresident de la Generalidad Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.
"Las asociaciones judiciales y fiscales mencionadas quieren expresar, en primer lugar, su sorpresa ante lo que solo puede calificarse -en este caso- como una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España"La afirmación de que el Gobierno actuará "en la medida proporcional y adecuada" para proteger la inmunidad jurisdiccional de España, se entiende desde diversos ámbitos jurídicos "solo se entiende desde el desconocimiento absoluto de los trámites procesales -o peor aún, desde el propósito de no hacer nada", explican los firmantes.
Como el ordenamiento belga exige que antes de la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda se aleguen los argumentos por las diferentes partes, si este trámite no se realiza en el momento adecuado España no podrá oponerse a la demanda, advierten.
Recuerdan que fuentes oficiales del Gobierno belga comunicaron al Gobierno que "la inmunidad debe invocarse ante el tribunal" porque "no hay garantía de que el juez invoque la inmunidad de España automáticamente", y recomendaron a España "asegurar la defensa de su inmunidad in limine litis ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas". "Si España -dijeron las fuentes belgas, según la nota de los jueces y fiscales españoles- no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que España renuncia a su inmunidad jurisdiccional".
"Tampoco cabe entender improcedente la defensa por parte del Estado español del magistrado sr. Llarena ante acciones legales en el extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa en opiniones privadas, que ni siquiera se citan"
"Un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto", afirman las asociaciones.
La APM insta al Ministerio de Justicia a ejercer "una clara y abierta defensa de la jurisdicción española sin reparos como los que ha expuesto"
Por otra parte, los jueces de la APM piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado la pasada semana asegurando su defensa en caso de "inacción del Gobierno".
Finalmente, y en el caso de no adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la independencia judicial y la inmunidad jurisdiccional de España, la APM anuncia que valorará la adopción de "las medidas oportunas para suplir la inacción e interesar la depuración de las responsabilidades penales y administrativas en que se hubiera podido incurrir por dicha pasividad".