Los populares promoverán además movilizaciones en la calle.
El PP pedirá explicaciones a los responsables de Interior y Justicia sobre la defensa del magistrado del Tribunal Supremo
Pablo Llarena en el procedimiento abierto en Bélgica a raíz de la demanda presentada por el expresidente de la Generalidad,
Carles Puigdemont, y cuatro exconsejeros huidos y que cita a declarar al juez el próximo 4 de septiembre.
"El Gobierno debe defender al Magistrado que está juzgando el golpe al Estado de los independentistas y debe garantizar su seguridad frente a las amenazas que está sufriendo. Pediremos explicaciones en el Parlamento a los responsables de Justicia e Interior", ha afirmado el presidente del PP,
Pablo Casado, en su cuenta de Twitter.
Los 'populares' han asegurado además que promoverán acciones de apoyo a Llarena tanto en el Congreso y en el Senado como en la calle. Así lo ha afirmado el secretario general del PP,
Teodoro García Egea, en un acto con militantes y cargos públicos del partido en Los Alcázares (Murcia), a quienes ha mostrado su apoyo al instructor de la causa abierta por el
procés ante la demanda civil presentada en Bélgica.
Al respecto, la vicepresidenta del Gobierno,
Carmen Calvo, señalaba ayer que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena en Bélgica, pero dejaba claro que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.
Es por esta razón que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid,
Begoña Villacís, se ha sumado a las críticas y ha advertido este sábado que su partido va a exigir una comparecencia "inmediata" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La portavoz madrileña de la formación naranja y miembro del Comité Permanente de Ciudadanos ha calificado de "inaceptable" esta decisión pues la formación naranja entiende que "se abandona a un defensor del Estado por petición de quienes dieron el golpe de Estado".
Por otro lado, cinco asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Gobierno, a través de un comunicado "en defensa de la soberanía jurisdiccional de España", que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo.