La tregua con la que el independentismo ha "bendecido" al Gobierno títere de Pedro Sánchez parece tener los días contados. Así lo han dado a entender esta tarde el presidente cesado y huido de la Generalidad, Carles Puigdemont, y su sucesor en el cargo, Quim Torra, quien ha manifestado que "ya no valen los gestos, las palabras amables o las fotografías". "Necesitamos hechos del presidente Sánchez, que explique su proyecto para Cataluña".
Tras reunirse en Waterloo, para fijar la hoja de ruta de cara al otoño, con la Diada y el aniversario del 1-O como días señalados, ambos han comparecido ante los medios para anunciar lo esperable: que el que está por venir será un otoño caliente, aunque también "de grandes oportunidades", como ha subrayado Puigdemont.
"No es un otoño cualquiera. Tenemos que vivir reivindicativamente con la intención insoslayable de implementar la República".
"No es un otoño cualquiera. Tenemos que vivir reivindicativamente con la intención insoslayable de implementar la República". Por eso "llamamos a todos los catalanes a participar de forma extraordinaria en la Diada. Tiene que ser una fiesta masiva que dé fuerza a la República y a toda la gente que trabaja para hacerla efectiva", ha dicho Torra.
Para el máximo responsable de la Generalidad las concesiones al Ejecutivo central se han terminado. Por eso, cuando le han preguntado si aceptaría la Constitución para ejercer su labor en el Parlament no ha titubeado en responder que "se debe al pueblo de Cataluña y su lealtad es al Parlament, no a la Constitución".
Torra tampoco ha dudado en cargar contra la fiscalía, que investiga a los Mossos por identificar a quienes retiran lazos amarillos del espacio público: "¿Cómo es posible que la fiscalía no investigue la violencia del 1-O? ¿Cómo es posible que no se investigue a los asistentes al Valle de los Caídos? ¿Cómo es posible, que en cambio, se atreva a investigar a los Mossos que estaban haciendo su trabajo?", se preguntaba el president.
Puigdemont, por su parte, ha mostrado su "confusión" tras conocer que el Ejecutivo (en uno de sus innumerables bandazos) se ha decantado finalmente por defender al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en la demanda que él mismo interpuso contra él ante un tribunal belga: "Sería gravísimo que el Estado español pague la defensa de un particular, sea juez o no, cuando éste debería mantener la boca callada".
Pero a los que de verdad tenía ganas el expresidente de la Generalidad era a Ciuadadanos y al Partido Popular, a los que ha acusado de "flirtear con la violencia" y de querer dar la imagen de "una confrontación social en Cataluña, "incluso usando hechos y fotografías falsas" de presuntos altercados en torno a los lazos amarillos en la vía pública", en referencia a las diferentes situaciones de tensión (con agresiones e identificaciones policiales, incluidas) vienen denunciando en los últimos días.