Los abogados de Puigdemont presentan una nueva traducción.
La primera vista de la demanda civil en
Bélgica del expresidente de la Generalidad,
Carles Puigdemont, contra el juez
Pablo Llarena apenas ha durado cinco minutos. A petición de la defensa del magistrado, encargada al letrado Hakim Boularbah, el proceso se retomará dentro de tres semanas -el próximo
25 de septiembre-, tras requerirse más tiempo para que el Estado español se pueda personar en la causa.
Igualmente, el magistrado ha pedido a la jueza que esta vista se celebre en una sala con
tres jueces en lugar de uno, algo que no plantea problema a los demandantes.
Pablo Llarena está representado por el abogado Hackim Boularbah y los demandantes por los letrados Christophe Marchand y Gonzalo Boye, entre otros
Durante la vista introductoria, la magistrada no se ha pronunciado sobre su competencia o no para juzgar la denuncia civil contra Llarena por presunta violación de la presunción de inocencia de los demandantes, que reclaman un euro simbólico como compensación y se ha limitado a
recibir los alegatos por escrito de las partes.
El juez Llarena, que no tenía obligación de acudir presencialmente a la vista, no se ha presentado en el juzgado. Sí lo han hecho en cambio los exconsejeros huidos Toni Comín y Lluis Puig, aunque no han intervenido.
Los demandantes pretenden demostrar que la causa del Supremo contra el 'procés' no es imparcial
El edificio donde se encuentra el tribunal amaneció con
lazos amarillos de plástico en las barandillas hasta que un funcionario procedió a retirarlos cuando comenzó la actividad del juzgado. La vista preliminar celebrada este martes ha sido un "primer contacto" entre las partes para presentar sus alegaciones.
"El Reino de España y el juez Llarena cuestionan la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas, por ello he solicitado que se pospusiera la audiencia al 25 de septiembre, para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y su órgano, en el juez Llarena", ha declarado a la prensa el abogado
Hakim Boularbah, al término de la vista en la que se debía decidir el calendario.
Misma denuncia, pero con otra traducción
La cuestión más polémica, la traducción falsa al francés de las palabras del juez y que los abogados de los independentistas utilizaron para armar la demanda civil, no ha sido analizada. Ninguna de las partes ha mencionado la polémica por el error en la traducción al francés de las declaraciones de Llarena en la que atribuían al magistrado español una afirmación que él expresó en condicional.
Fuentes judiciales han apuntado que el asunto de la traducción será abordado por las partes cuando presenten los argumentos escritos.
Los abogados de Puigdemont y de los cuatro exconsejeros huidos a Bélgica, Gonzalo Boye y Christophe Marchand, sí han confirmado en declaraciones a la prensa que han informado en esta vista del error en la traducción y presentado una nueva traducción jurada.