El Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad las recusaciones planteadas por 11 de los procesados en la causa del procés contra cinco magistrados de su Sala de lo Penal que formarán parte del tribunal que juzgará el caso.
La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo ha desestimado ocho de las once peticiones de recusación contra los cinco jueces de la Sala de lo Penal del alto tribunal. Las otras tres, efectuadas por el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig y Clara Ponsatí, no se han admitido a trámite.
Aunque por el momento solo se ha conocido el fallo -el auto íntegro se notificará en los próximos días-, la decisión de la Sala del 61 demuestra que sus integrantes, entre ellos su presidente, Carlos Lesmes, han considerado que no hay razones para dudar de la imparcialidad de los magistrados que juzgarán en los próximos meses a la cúpula del procés.
Esta sala especial del Supremo, famosa por dictar la ilegalización de Herri Batasuna en 2003, ha seguido el criterio de la Fiscalía, que se opuso a recusar a los cinco magistrados
El alto tribunal había acumulado en un único expediente los seis incidentes de recusación, que se dirigían contra los magistrados Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral.
La Sala especial ha atendido el criterio de la Fiscalía del Supremo que apoyaba esta decisión y que calificó la iniciativa de "fraude procesal y atentado a la buena fe". En su escrito, el fiscal Jaime Moreno fue especialmente severo con Puigdemont y los otros dos exconsejeros declarados en rebeldía al considerar "un sarcasmo" que acudiesen al mecanismo jurídico de la recusación cuando se encuentran huidos de la Justicia.
"Es completamente absurdo que recusen a un tribunal que no va a juzgarles por hallarse en rebeldía y a cuya jurisdicción se han sustraído eludiendo la acción de la Justicia"
Los once procesados, ocho de ellos en prisión preventiva, que pretendían apartar a los jueces alegaron una supuesta falta de imparcialidad para juzgar los hechos.
Algunos cuestionaron su proximidad con el instructor de la causa, Pablo Llarena, mientras que otros, incluido el exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras, adujeron que los "valores, creencias e ideología" de los cinco jueces podrían entrar en "colisión" con algunos procesados.
Otro de los motivos fue que cuatro de los jueces admitieron a trámite la querella que inició el procedimiento, presentada por la Fiscalía en octubre de 2017, o que tres de ellos juzgaron al exconsejero de Presidencia Francesc Homs por desobediencia grave al Tribunal Constitucional en la consulta del 9-N.
Unos argumentos que no han servido para cambiar el tribunal que juzgará en los próximos meses a 18 de los 25 procesados (los otros se encuentran fugados).
La decisión desatasca la principal traba para que el procedimiento continúe su camino hacia el juicio oral, ya que hasta ahora no habían podido pronunciarse sobre la causa a la espera de saber sobre sus recusaciones.
Aunque aún no hay fecha para el juicio, se espera que éste tenga lugar a finales de 2018