El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumple cien días al frente del Ejecutivo consciente de que ha tenido que dar marcha atrás a algunas decisiones en lo que se ha denominado “política de bandazos”. También sabedor de que la aritmética parlamentaria que le llevó a la Moncloa es el principal obstáculo para agotar su mandato y sobrevuela constantemente la idea de un adelanto de elecciones.
Su gestión, centrada en la búsqueda de diálogo en Cataluña, la ley de memoria histórica con la exhumación de los restos de Francisco Franco, o el control de RTVE se ha encontrado con los problemas que todos preveían, por lo que se le ha acusado de abusar del decreto-ley para gobernar y de rectificaciones continuas.
Críticas de la oposición a cambios constantes de criterio como la intención de agotar la legislatura cuando antes había sugerido que no lo haría o la defensa del juez Pablo Llarena en Bruselas ante la demanda del expresidente catalán Carles Puigdemont o el impuesto a la banca, que está en suspenso, o últimamente la posibilidad de reactivar la venta de armas a Arabia Saudí, que ha provocado las manifestaciones de los trabajadores de Navantia ante el miedo a perderse 6.000 puestos de trabajo.
Pero también cuando prometió que lo primero que haría nada más llegar al Gobierno sería derogar la reforma laboral del PP y ahí sigue o cuando dijo que abriría lista de los que conforman la amnistía fiscal y tampoco sabemos nada de eso. Igualmente, no ha pasado desapercibido su cambio de ministro de Cultura, Màxim Huerta, el más breve de la Historia de España. También dijo el Gobierno de Sánchez que descartaba revisar la financiación autonómica, pero tras las presiones de algunos de su socios de Gobierno, lo está estudiando. Pero es que también ha tenido que cambiar de criterio con el Valle de los Caídos y renunciar a que sea un "centro nacional de la memoria".
En materia de inmigración, la acogida del Aquarius ha sido uno de los ejemplos más claro de la política de bandazos. La foto era lo primero, aunque el número de inmigrantes rescatados era muy inferior al que llegan todos los días a las costas andaluzas y no ha seguimiento mediático del Gobierno. Pero otorgar papeles y luego expulsar a otros en caliente demostró el doble rasero y la falta de criterio en la materia.
Otra de las críticas que ha marcado los primeros días de Gobierno de Sánchez es haber actuado como un “presidente hipotecado” que trabaja a la orden de “independentistas y populistas” en pago por auparle a la Moncloa.
Así, Sánchez ha tenido que dedicarse también a fondo a sentar las bases de un nuevo presupuesto con el que respaldar su agenda social que incluye medidas contra la pobreza, la recuperación de la sanidad universal o la protección de la infancia, pero la nueva senda de déficit impuesta desde Bruselas, las exigencias inasumibles de Podemos, el rechazo del Congreso de una ley de estabilidad que le permitiría aprobarlos de forma urgente saltándose el veto del Senado, dificulta una normal aprobación de las cuentas.
De esta forma, Sánchez intenta “como sea” buscar apoyos entre los independentistas, así como cerrar acuerdos con Pablo Iglesias, para que prosperen los de 2019. En cualquier caso, la vicepresidenta Carmen Calvo ya habla de que sí habrá presupuestos porque cuentan con el instrumento del decreto-ley.
Si no consigue aprobarlos, Sánchez deberá optar por convocar elecciones o prorrogar las cuentas heredadas de Rajoy. Él mismo lo insinuó recientemente al asegurar que sólo tiene una opción y pasa por aprobar sus propios presupuestos, ya que sin ellos podría estar servido el adelanto electoral.
Igualmente patente ha sido el excesivo y urgente interés por renovar RTVE. Varios candidatos rechazados hasta llegar a Rosa María Mateo para ejercer de administradora única provisional de una corporación que ha cambiado la línea editorial, la dirección y las caras de todos los informativos en 20 días.
También se ha vendido a bombo y platillo la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Problemas con la familia del dictador entre la falta de interés de la opinión pública por un asunto que solo interesa como elemento propagandístico a la izquierda política. Además, se espera la reforma de la ley de Memoria Histórica con la creación de una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y el Franquismo.
Los cien días de Sánchez han servido también para desplegar una intensa agenda internacional. Acusado y criticado por abusar del avión presidencial para asistir a eventos particulares y del helicóptero para trayectos cortos en los que se podría “ahorrar” su uso, desde diversos sectores han constatado la falta de intervenciones ante la prensa española en España.
Y el problema que más preocupa a los españoles, junto a la ralentización del crecimiento económico: los independentistas catalanes. Sánchez hace frente al president Quim Torra con paños calientes y sin enfadar porque necesita su apoyo para aprobar los Presupuestos.Se reunió con él en la Moncloa y al poco los presos independentistas viajaban a cárceles catalanas. Además, se va a retirar algún recurso ante el TC sobre leyes catalanas a pesar de que el discurso independentista se mantiene.
Torra no se conforma con la propuesta de reforma del Estatut y sigue aspirando a la autodeterminación. Ha amenazado con no respetar una condena de los dirigentes soberanistas que están en prisión si las sentencias no son absolutorias. El 155 sobrevuela en todo momento cualquier declaración de unos y otros.
Para terminar, PP y Ciudadanos han recriminado al Gobierno su actitud laxa ante los incidentes por los lazos amarillos. Por otra parte, le han advertido a Sánchez de que tampoco tolerarán un acercamiento de presos etarras a prisiones del País Vasco.