Pedro Sánchez le ha cogido gusto a saltarse las leyes, cuando éstas resultan un obstáculo para sus propósitos. Gobierna, que es mucho decir, de decretazo en decretazo. Con sus raquíticos 84 escaños depende de sus siniestros socios para todo, pero en ocasiones ni humillándose hasta la indecencia le apoyan. Son insaciables.
Los separatistas catalanes ya le están pasando otra factura: quieren que el Gobierno libere a los políticos presos. Se lo anunció Puigdemont y acaba de recordárselo Tardá: no apoyarán los presupuestos si no hay indulto. Y Pedro Sánchez, que no quiere dejar La Moncloa ni a patadas, ha puesto manos a la obra. Después de Iceta, después de Batet, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se ha mostrado partidaria del indulto, incluso ha animado a los encarcelados a pedirlo en cuanto se produzca la sentencia. Pero hasta que el Tribunal Supremo no les condene, el Gobierno no puede intervenir. ¿O sí?
El problema son los tiempos. Por escandaloso que parezca, resulta evidente que el presidente parece estar dispuesto a conceder el indulto a los golpistas. Pero el Gobierno quiere aprobar los presupuestos a principios de año y el juez Llarena puede emitir la sentencia hacia el mes de mayo. ¿Qué hará entonces Pedro Sánchez si depende de esos apoyos para aprobar las cuentas del Estado? Los fontaneros de La Moncloa urden sin descanso atajos, trampantojos y tretas para inventarse un decretazo que pueda liberar a los golpistas y permita al PSOE aprobar los presupuestos para mantener el poder. Una suerte de amnistía. La deriva autoritaria de Pedro Sánchez no tiene límites. Ha demostrado que es capaz de todo con tal de prolongar la legislatura. Hasta de saltarse las leyes.