Si se quiere favorecer al contribuyente, la única vía es suprimir el impuesto hipotecario sobre el que hoy se debate. Trasladarlo a la Banca y, por lo tanto, a los millones y millones de sus accionistas es una operación virtual, oportunista y demagógica. Directa o indirectamente ese impuesto lo seguirá pagando el contribuyente.
Si se suprime el impuesto, las Administraciones públicas no dispondrán de ese ingreso y deberán tomar medidas para despilfarrar menos y contener los infinitos gastos superfluos que hoy gravan a la Administración estatal, a la Administración autonómica, a la Administración municipal. Menos dinero, pues, para el derroche, para la suntuosidad y, a veces, para la corrupción.
Tiene razón Pablo Casado. Toda la razón. De lo que se trata es de suprimir el impuesto. Solo recortando los gastos superfluos o suntuarios de las Administraciones públicas se pueden evitar o disminuir algunos impuestos. Al contribuyente se le sangra hasta la hemorragia para pagar a parientes, amiguetes y enchufados que los partidos y los sindicatos colocan en las Administraciones públicas. A eso hay que sumar el derroche en edificios suntuosos, obras públicas innecesarias, viajes gratis total y tantos y tantos despropósitos como padecemos.
Para que el impuesto hipotecario no lo pague el ciudadano contribuyente solo hay una fórmula: suprimirlo. De nada sirve trasladarlo a la Banca, salvo para hacer demagogia. Y que las Administraciones se aprieten -muy ligeramente, por cierto- el cinturón. Lo demás son declaraciones oportunistas para rascar algunos votos de los ciudadanos desinformados.