TRIBUNA
Agapito Maestre | Lunes 12 de noviembre de 2018
La nueva política no sólo no ha conseguido parar los viejos cambalaches entre el PP, PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos, sino que quizá, por decirlo corto y por derecho, hacen oídos sordos para no enterarse del nuevo pacto entre PP y PSOE. Me temo lo peor, pues que, al fin y al cabo, la nueva política no ha sido capaz de transitar del “Estado de partidos” al Estado de Derecho, por decirlo con la terminología de mi recordado amigo Juan José González Encinar, magníficamente teorizada por Manuel García Pelayo. Sí, PP y PSOE llevan más de cinco meses simulando controversias y disputas sin fin, pero la realidad es que el antiguo ministro de Justicia, Catalá, y la actual ministra de la cosa, confidente de un policía encarcelado por no sé cuántas corruptelas, han estado negociando el reparto de cargos para el Consejo General del Poder Judicial, según ha reconocido el primero en declaraciones a los medios de comunicación.
Podrían darse mayores y más graves pruebas de que el poder judicial no sólo no es independiente, sino que depende directa y cruelmente del poder político, pero el proceso de nombramiento del nuevo presidente, junto a otros miembros del Órgano de “gobierno” de la justicia, es suficiente para concluir que nuestro Estado de Derecho es manifiestamente mejorable. La institución del CGPJ está en almoneda. Claro que existen miembros decentes de la carrera judicial, pero la institución está tan podrida que la mayoría de jueces y fiscales, especialmente en los niveles más altos, están contaminados.
Si el Derecho es una doctrina contingente en manos de los mejores juristas y siempre pendiente de ser legitimada, desde el punto de vista científico, en el caso español parece quedarse reducido a una mera ideología, engaño o correa de transmisión de los grandes partidos políticos. No es menester recordar la nefasta Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, que deja a la “Justicia” al albur de los partidos políticos para saber que el CGPJ ha quedado reducida al más funesto de los “derechos”, a saber, el derecho del más fuerte: “o te sometes o te hago desaparecer”. Aquí no hay posibilidad de argumentación. No existen razonamientos jurídicos sino el derecho del poderoso. El Gobierno. Así las cosas, algo tendrán qué decir quienes forman parte de ese tinglado… Nada tengo contra los miembros que han sido nombrados, pero es evidente que algo habrá que exigirles a esos componentes de una institución sometida, durante los últimos 38 años, a las presiones, favores y, en definitiva, imposiciones del poder ejecutivo. Nadie, pues, en su sano juicio puede criticar la institución y dejar que se vayan de rositas sus miembros a no ser que caigamos en el mayor de los cinismos: no se trata de negar, o mejor, no decir lo que pensamos, sino considerar que en el infierno hay almas cándidas. Falso.
Peor que los políticos, sí, son los que se someten con docilidad y de buen grado a sus enjuagues… Detrás de los últimos nombramientos del CGPJ no sólo están los líos y cambalaches de las casta política, quizá para encubrir a los golpistas catalanes y salir del atolladero separatista, sino la pérdida de credibilidad profesional de la mayoría de los jueces y fiscales de España. Pocas personas creen en esos cuerpos de la Administración de Justicia, pero con esos comportamientos ovejunos y tibios perderán la poca credibilidad que tenían. Allá ellos, pero son tan culpables como los profesionales del poder político de la desaparición de la democracia en España.