Hasta, como quien dice, ayer, casi nadie se planteaba que la democracia española estuviese en bancarrota, y que, por ello, la Constitución debía ser modificada, como quien reescritura para obtener un provecho (que se pretende general); ni que las instituciones estuviesen carcomidas y sentenciadas para derribo. A nadie. Salvo a aquellos que, viendo (y temiendo) precisamente la firmeza de éstas – que es lo mismo que decir, cayendo en la cuenta de la imposibilidad de sus anhelos -, estimaban imperiosa la necesidad de socavarlas o, más bien, de minar la creencia en las mismas, mediante el añejo recurso de repetir parlamentos, acusaciones y falsificaciones con tintes apocalípticos, con el fin de alcanzar el poder que, de otra manera (democrática), quedaba acaso aún más lejos que las utopías adulteradas que vendían.
Es lícito preguntarse a cuento de qué, fuerzas democráticas (o que decían y dicen serlo), querrían socavar las normas del mismísimo sistema al que se ajustan, del que participan y, del que, sin duda, se benefician. Puede que en este último punto y el anterior yazga el indicio de una respuesta: acaso su anhelo no sea la mera participación en esta actividad, sino la imposición de las reglas de la misma; con lo que el segundo punto (la rentabilidad que obtienen del sistema político) en la actualidad, se queda muy por debajo de sus expectativas.
Y es que, como sostenía el filósofo y politólogo francés Raymond Aron (Introducción a la filosofía política, Democracia y revolución), la esencia de la democracia es la aceptación de la competencia pacífica por el poder. De manera que el principio de democracia, afirmaba con Montesquieu, es la conciencia del compromiso. Aron añadía que para que este “sistema de compromiso” funcione, además de aceptar que los problemas puedan resolverse de manera pacífica, también es necesario que se respeten las reglas de la competencia que se han fijado. Así, el filósofo aseguraba que el principio de la democracia es, justamente, el respeto de dichas reglas, de las leyes.
Y en ese sistema, tal como explicaba Aron, el mérito crucial de una Constitución reside en que sea aceptada.
Es decir, que el sistema político y su Constitución suponen un consenso que no favorece en nada las ambiciones de concentración del poder a la que aspiran ciertos sectores. Porque, de hecho, la democracia española, y su Carta Magna, con las imperfecciones que son lógicas a todo emprendimiento humano, han garantizado una vitalidad democrática de las que muy pocos países han podido gozar. Al punto que Freedom House, en su informe sobre el estado de la libertad en el mundo de 2018, colocó a España como uno de los países más libres del mundo (con las mayores notas en libertades civiles y derechos políticos). Esto no es algo que se consigue de un día para otro. Es el resultado de un buen funcionamiento democrático a lo largo de décadas. Que, a su vez, ha posibilitado, entre otras cosas, que el sistema sanitario español sea, según Bloomberg, el tercero más eficiente del mundo.
La democracia española está mucho mejor de lo que la extrema izquierda – con Podemos y los restos de un PSOE que ya es nostalgia, a la cabeza – pretende que la ciudadanía crea. Y ello, a pesar de los ataques que aquella ha padecido y padece: desde sus mismísimas instituciones, con intentos de interferir en la Justicia, o con el golpe en el Parlamento catalán; y mediante el aliento a aquellos que pretenden censurar la libertad de expresión, que pretenden reimponer el ejercicio del miedo.
No es de sorprender, pues, el asalto a la Constitución (“régimen del 78”, como pretenden denigrarla, macularla, como si tuviera severo defecto de origen), al consenso que ha posibilitado una de las mejores situaciones económicas, sociales y políticas en la historia de España. La pretensión parecer ser la de escribir una constitución a medida, un asentimiento a medida: es decir, las bases para una fe en sus ambiciones, en sus fines; ya no en el sistema democrático. Y para ello todo vale. La diaria crispación que busca crear divisiones sociales lo más irreconciliables posible; el desquiciamiento territorial y político. Todo lo que sirva de cínica y caótica trinchera para sus propósitos.